Desde la Justicia Electoral informaron –mediante un comunicado– que plantearon un recurso de reconsideración a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), solicitando el inmediato levantamiento de la suspensión del proceso licitatorio internacional para la implementación del sistema de votación y escrutinio electrónico.
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Asimismo, señalaron que la Ley 6318/2019, promulgada en el mes de mayo, dispone la obligatoriedad de utilizar para las próximas elecciones el sistema de voto electrónico, que expida una versión impresa de la elección del elector, reformando el sistema electoral con la incorporación de listas cerradas, desbloqueadas y de representación proporcional para cargos pluripersonales.
Así también, indicaron que para dar cumplimiento a la ley tuvieron que conformar una Comisión Especial para la implementación de tecnología para el sistema de votación y escrutinio.
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La licitación era para el arrendamiento de unas 15.000 urnas electrónicas para las elecciones internas y municipales del 2020, con un costo de USD 21,5 millones aproximadamente.
Los cuestionamientos al proceso se dieron luego de que el TSJE estableciera adendas de último momento, con sospechas de que se pueda favorecer a una de las empresas.
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El asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Luis Alberto Mauro, había asegurado que se hicieron bien los trabajos y que responderían todos los cuestionamientos, mientras que refirió que la decisión de la DNCP tiene un trasfondo político.
Entre tanto, también señaló que ya no se tendrá tiempo de llamar a una nueva licitación ni de capacitar a los ciudadanos sobre el sistema.
