El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, Pablo Seitz Ortiz, vía Resolución 4566/19, ordenó al Tribunal Superior de Justicia Electoral la suspensión “en el estado en que se encuentre el procedimiento de licitación pública” del arrendamiento de unas 15.000 urnas electrónicas para las futuras elecciones internas y municipales de 2020.
Seitz también resolvió la apertura del procedimiento de investigación de oficio y designó, mediante el mismo documento, a Melody Martínez como funcionaria responsable del procedimiento de investigación.
El director aseguró que la intención es que la investigación sea resuelta en un plazo de siete días hábiles, una vez contestada la protesta, informó NPY.
Los cuestionamientos contra el proceso de contratación surgieron luego de que el TSJE estableciera adendas de último momento al pliego de bases y condiciones, con lo que se generaron sospechas de que podría favorecer a una de las empresas internacionales que se presentarán para la licitación pública.
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En ese sentido, fue la firma británica Smartmatic que entre sus objeciones acusó que el llamado está elaborado para favorecer a la empresa argentina Magic Software Argentina (MSA).
Esto, a causa de que el TSJE solicitó que la boleta de voto se imprima en papel de 90 gramos, “dejando de lado a multinacionales dedicadas exclusivamente al ámbito electoral”, en beneficio de la argentina MSA, la única de las oferentes cuyas máquinas imprimen papeles de estas características, sostiene la objeción.
Asimismo, la empresa se mostró en contra de que el pliego de bases y condiciones exija que las máquinas tengan una autonomía de 12 horas, pero con batería interna, y que, de nuevo, la argentina MSA sea la única que cuenta con máquinas de batería interna de 12 horas.
El Gobierno pretende destinar G. 138.460 millones (alrededor de USD 21,5 millones) en la renta de 15.000 urnas electrónicas. Este lunes se procedió a la apertura de los sobres esenciales entregados por dos empresas oferentes que se presentaron.
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Para Bestard, las protestas presentadas forman parte de una guerra entre empresas.
“Nos preocupa porque esto puede dilatar y entorpecer el proceso en el cual estamos comprometidos. Esto puede dilatar considerablemente el cronograma y tenemos un compromiso ante la ciudadanía”, agregó.
