En la primera semana de enero, miembros de una familia fueron víctimas de un asalto a mano armada a plena luz del día, frente a su vivienda en la ciudad de Capiatá. Se encontraban sentados en la vereda una pareja, sus suegros, una hermana y una pequeña bebé de seis meses, en brazos de su abuelo. Inesperadamente, llegaron dos desconocidos vestidos de negro y con cascos, uno de los delincuentes descendió de la moto, apuntó con un arma de fuego al abuelo que cargaba a su nieta; y les despojó de sus celulares y billeteras.
Los noticieros se llenan a diario de reportes de ataques que sufren personas que van caminando rumbo a sus hogares en Asunción y el área metropolitana, la acción de los motochorros es ya lamentablemente como parte del paisaje. Un paisaje que nada tiene de idílico, pues supone altas dosis de miedo y de terror que sufren las víctimas al ser despojadas de sus pertenencias, y que en la mayoría de las veces son golpeadas por los asaltantes.
De acuerdo con los datos del Ministerio Público, el 2022 cerró con un total de 255.129 denuncias ingresadas, y entre los hechos punibles más denunciados se encuentran el hurto agravado, violencia familiar, hurto, amenaza, exposición en el tránsito terrestre, lesión y daño. Los departamentos que más hechos punibles registraron son Central (88.716), Asunción (40.073), Alto Paraná (28.499), Itapúa (14.789) y Caaguazú (14.762).
Asimismo, el 5,7% de las causas iniciadas este 2023 corresponden al robo agravado y el 3,8% a la amenaza. Se debe señalar, por tanto, basados en los datos oficiales, que la preocupante tendencia parece prolongarse y no se atisban señales de que las autoridades dispongan de un plan para reducir la delincuencia.
No se puede perder la perspectiva: las víctimas son personas que han sufrido violencia y padecen diversas secuelas; traumas sicológicos, heridas leves o graves y, a veces, la muerte son consecuencias de los maleantes. Las personas se enfrentan cotidianamente a situaciones extremas, y les puede ocurrir incluso mientras comparten una ronda de tereré frente a sus viviendas. La ola de delincuencia crece sin parar, no se notan las reacciones de la policía y este estado de inseguridad y violencia está normalizado. ¿Cómo lidia la población con esta situación de indefensión que les genera un alto nivel de estrés? Sabiendo que a todos puede alcanzar, que la violencia los puede alcanzar en una calle de su barrio, en pleno día, en la parada del ómnibus o en un comercio. Después de todo, la única certeza que tienen los ciudadanos es que todos están expuestos a la violencia de los criminales, que además gozan de impunidad para cometer sus fechorías.
El Atlas de la Violencia e Inseguridad en Paraguay señala que más de la mitad de la población ha sido víctima de la delincuencia criminal, y que solo cuatro de cada diez afectados deciden denunciar los hechos, debido a que no tienen confianza en las instituciones, ni la Policía, ni en la Fiscalía, ni en el Poder Judicial. La gente considera que todas estas instituciones del Estado están contaminadas con la corrupción, y por eso no cumplen su función.
Los ciudadanos tienen derecho a vivir en entornos seguros, a desarrollar sus vidas, compartir con sus familias, trasladarse al estudio o al trabajo con seguridad. Vivir encerrados tras altas murallas no debería ser la solución, ni tampoco vivir con desconfianza de cualquier persona que cruza una calle o sentir pánico al escuchar el sonido de una motocicleta.
Los paraguayos tienen el derecho a vivir seguros, tienen derecho a tener calidad de vida. Es por eso que urge que las autoridades del Gobierno implementen acciones para revertir la situación de inseguridad que ya se ha vuelto insoportable.
