04 mar. 2024

Urge acelerar el saneamiento de las universidades del país

A medida que el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) investiga a las universidades sospechosas de operar en condiciones irregulares se va confirmando lo que la opinión pública conoce hace tiempo: muchas de ellas son solo precariasinfraestructuras dedicadas a recaudar dinero de estudiantes —por lo general de escasos recursos, que hacen un gran sacrificio para continuar su formación— que son estafados porque las instituciones no les ofrecen una educación que los vuelva profesionales idóneos, capaces de desempeñarse con eficiencia en la rama del saber en la que fueron preparados. Es necesario profundizar el proceso, conseguir más fondos para el ente rector delas universidades y avanzar en el proceso de limpieza iniciado.

Al clausurar definitivamente el Instituto Santa Librada, que vendía títulos a mansalva, el Cones abrió una nueva etapa en la educación terciaria paraguaya y marcó un punto de inflexión en el proceso de revisión general de los desbordes cometidos por algunos políticos desde el Congreso.

Con exiguos recursos económicos —porque el Parlamento no le ha dado suficientes recursos para acelerar la fiscalización de las universidades—, la máxima autoridad universitaria ha dado pasos firmes y creíbles que permiten avizorar mejores horizontes para los estudiantes ávidos de contar sí con un título, pero respaldado por sólidos conocimientos que les permitan desenvolverse con eficiencia en los diversos campos profesionales.

Hasta 1989, para la mayoría de la población, sobre todo para los más desamparados, era poco menos que imposible acceder a las universidades puesto que solamente funcionaban una pública y otra privada: la Universidad Nacional de Asunción y la Universidad Católica.

Esa injusta situación empezó a revertirse en la década de 1990 al abrirse las compuertas para la creación de nuevas universidades e institutos, tanto de gestión estatal como privada. Ese hecho positivo pronto se convirtió en un drama social porque los institutos de enseñanza superior y las universidades proliferaron como hongos a lo largo y ancho del país.

Más que convertirse en la fuente de saberes sólidos que permitieran a los estudiantes insertarse con idoneidad en el mundo profesional, muchos fueron simples maquinarias de recaudar dinero.

Sin completar las horas mínimas requeridas en una formación universitaria, con precarias infraestructuras edilicias, con docentes sin formación pedagógica para impartir educación terciaria, sin programas y con sistemas de evaluación ideados en base a la idea de que los alumnos paguen, no que adquieran conocimientos relevantes, las instituciones creadas fueron económicamente exitosas, pero académicamente un fracaso, salvo contadas excepciones.

La Ley de Educación Superior (LES) es un intento de intervención en el caos para ordenar la casa. Su herramienta principal es el Cones, que cuenta con la potestad de intervenir y clausurar las universidades. En virtud de la misma ha cerrado el Instituto Santa Librada y tiene en la mira a la Universidad Sudamericana y otras.

Ante la necesidad de convertir la educación terciaria en una aliada del desarrollo, es necesario potenciar el Cones y dotarlo de más recursos económicos y humanos. Esta es una cuestión política y todo este año, a la par de investigar universidades, sus integrantes tienen que establecer estrategias para lograr que el presupuesto del año próximo les proporcione recursos que les permitan trabajar con mayor rapidez y eficacia.

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