El director de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social (IPS), Pedro Halley, dijo este martes a EFE que la Ley de Contingencia que rige durante esta crisis sanitaria establece una compensación por desempleo por cierre total o parcial de las empresas.
A través de esta normativa, el Gobierno trabaja en un registro para asistir al sector informal, que representa alrededor del 70% de la fuerza laboral del país, mediante la entrega mensual por tres meses de G. 548.210, lo que supone un 25% del salario mínimo vigente.
Para los asegurados del IPS, la normativa de contingencia fija el pago del 50% del salario básico hasta el equivalente a dos pagos mensuales, es decir, G. 4.400.000, por única vez “aunque la cuarentena dure uno o tres meses”, señaló Halley.
Al margen de estas ayudas, Halley señaló que la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, está trabajando con las patronales para que el cese de los trabajadores “no sea total, sino temporal”.
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De esta manera, se pretende que las empresas “sigan funcionando a medias” y que los empleadores paguen la mitad del trabajo a sus trabajadores.
La estructura del empleo formal está compuesta por 720.000 cotizantes, de los cuales 505.195 forman el “seguro general obligatorio de salud y pensiones” del sector privado, mientras que la diferencia (214.805) es personal público, como los docentes que solo cotizan por asistencia sanitaria.
“Si hablamos de 20.000 trabajadores (parados) de 505.000, estamos en un 5% del total, pero la tendencia es creciente. Cada vez es más dramático, o sea, que si esta contingencia sanitaria sigue, hay que prepararse para lo peor”, mantuvo Halley.
Los pagos del subsidio serán cubiertos por la remesa de USD 100 millones que el Gobierno previó para el seguro social.
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Halley recordó que el IPS fue constituido el 17 de febrero de 1943 con aportes mensuales establecidos a partir de porcentajes asumidos por la patronal y el trabajador para prestación médica y pensiones y, desde entonces, el Estado nunca asumió su parte.
Los fondos de contingencia también serán empleados para el pago de subsidios por baja laboral de los contagiados, hasta ahora con 25 casos tramitados, “si es que la curva se dispara”, significó.
En todo caso, Halley destacó que el organismo está preparado para el peor escenario, con suficientes recursos para hacer frente a costos laborales por hasta 350.000 puestos, “cuando el costo del subsidio estaría cerca de G. 388.000 millones, unos USD 60 millones”.
Esta no es la primera vez que el IPS se somete a una prueba de envergadura, según Halley, quien recordó la respuesta de la previsional ante la catástrofe de Ycuá Bolaños, en alusión al incendio en agosto de 2004, que dejó 364 muertos y cientos de heridos.
También se refirió a la crisis financiera surgida tras la caída de los bancos en la década de los 90, que hizo que quedaran atrapadas “el 70% de las reservas” del organismo.
La pandemia del coronavirus dejó cinco muertos y 115 contagiados desde que se detectó el primer caso, el 7 de marzo.
