–¿Qué piensa sobre la preparación de los abogados?
–En general, es muy baja o nula. Un abogado, ya en mi época, era un autodidacta. Hoy son producidos en serie. Para que tengás una idea, entre los 1901 y 1999, aparecen 6.568 abogados matriculados ante la Corte, un promedio de 107 por año. Entre 2000 y 2010, aparecen 16.286, o sea 1.480 por año y un crecimiento del 248%. Entre 2011 y 2024 aparecen 45.204, que son 3.228 por año y un crecimiento del 278%. Desde 1889 en que se creó la UNA hasta 1999, el país tenía 19 universidades. Solo entre 2000 y 2010 se crearon 34 universidades más, con la sanción de la “Ley Marcos” (2006) y la enseñanza pasó a convertirse en un negocio. Así nos preparan.
–La Corte quiso que rindieran para la matrícula. ¿Le parece necesario?
–Sí, ya lo hizo. En 2005, bajo la presidencia de la Dra. Alicia Pucheta, remitió un proyecto de ley agregando como requisito la aprobación de un examen de aptitud profesional cuya reglamentación estaría a cargo de la Corte. En el 2021, el Dr. Jiménez Rolón y el Dr. Martínez Simón hicieron lo propio. En el 2024, bajo la presidencia del Dr. Benítez Riera, también. En el pasado, bajo la presidencia del Dr. Antonio Fretes, también. No es algo nuevo. Personalmente me opongo porque las iniciativas apuntan a nuevos abogados, dejando fuera a los más de 70.000 abogados que hoy formamos parte del problema. Un examen para futuros abogados podría ser un obstáculo más que una solución, pues no suplirá la enorme falencia en la enseñanza universitaria y omite –incluso– la secundaria. Pretender que un examen supere aquello supone indirectamente cerrar la puerta a demasiada gente.
–¿Qué se debe hacer para controlar a los que salen de las universidades?
–Explorar la colegiación profesional. Una entidad que controle el otorgamiento, renovación, suspensión, cancelación y rehabilitación en la matrícula que habilite el ejercicio de la profesión y establezca las normas de conducta conforme con la deontología profesional en un con-trol entre pares. Soy partidario de la vieja idea del Dr. Paciello Candia, de los proyectos que trabajó la Coordinadora de Entidades Universitarias Profesionales del Paraguay (CEPUP), ampliada a cada profesión universitaria, no solo la de abogados.
–De ahí surgen jueces, fiscales y defensores. ¿Están preparados para eso?
–Las mismas falencias de la enseñanza secundaria y universitaria nos afectan a todos por igual. A lo que se suma la vorágine del mundo tribunalicio. El sistema de Justicia recibe, en promedio, más de 275.000 casos por año, comparando las estadísticas del Poder Judicial (2016-2024). Si se comparan las sentencias definitivas dictadas en promedio por año en el mismo periodo (unas 175.000) y se asumen que resuelven el fondo de los casos ingresados, el Poder Judicial únicamente resuelve el 63,64% de los casos. Este interminable mundo de papeles y conflictos debe ser atendido por unos 1.200 jueces, unos 400 fiscales y otro tanto de defensores, entre deficiencias estructurales, presupuestarias y estrés extraordinario. No hay persona que aguante.
–Sobre la acordada disciplinaria de la Corte ¿Viola el derecho a la defensa?
–Para serte sincero, nunca fui amante de las cuestiones disciplinarias. En los procedimientos administrativos, el sesgo inquisitivo es inevitable y como abogado que trabaja el sector privado, cuestiones civiles y fui forjado por una familia que enaltece la libertad y el individuo. No me siento cómodo –como diría un colega amigo– con acordadas disciplinarias. En mi opinión, la Corte actual tiene una concepción predominantemente publicista sobre la relación entre jueces y abogados. En caso de dudas, más a los jueces, menos a los abogados. Proyectos de ley como el examen para abogados (no para jueces), la eliminación de las recusaciones sin expresión de causa, el registro de pagarés en caso de la mafia de pagarés o la misma reducción del diálogo con gremios son muestras. De darse una violación al derecho de defensa en sede sumarial será difícil revertirla en sede jurisdiccional, pues estaremos llevando ante mismo Poder Judicial aquello que acaba de sancionar. Es una tensión inevitable.
–¿Qué piensa sobre la forma en que manejó la Corte el caso de Hernán Rivas?
–El caso de Hernán Rivas es un hecho notorio. Rezuma irregularidad. En octubre de 2023, pedimos a la Corte la suspensión cautelar de su matrícula y su eventual anulación. La casación presupone su existencia, la nulidad la irregularidad de su otorgamiento. Que la CSJ se haya tomado este tiempo es cuestionable, pero no deja de ser positivo. Celebro doblemente que la acusación se haya reencausado y que la Corte haya accionado, no solo porque apunta a no dejar impune la responsabilidad personal del senador, sino porque recupera el mensaje correcto para la sociedad: Se premia a las personas que hacen el esfuerzo genuino y real por obtener la titulación en su profesión y se castiga a quien, sin esfuerzo, se privilegia de las conexiones políticas que encubren su falta de formación. Ojalá un tribunal confirme su falsedad. Una eventual absolución sería una bofetada a la profesión, cada abogado y estudiante que se quema las pestañas formándose todos los días.
–¿La Fiscalía debe estudiar la estructura que le permitió obtener un título falso?
–Totalmente. Tiene una oportunidad única de investigar un posible esquema fraudulento de otorgamiento de títulos falsos. Puede investigar rectores, decanos, profesores, profesionales, empleados, funcionarios, desentrañando una red compleja de fraudes. La causa trasciende la figura de Rivas. Es el acceso a una oportunidad única, a una “mani pulite” a la italiana, que podría desenmarañar toda la estructura. Una proeza similar tendría un impacto de enorme envergadura. Es posible. Solo deben pensar en grande.
–¿Cuál es su postura sobre la mafia de los pagarés?
–Tengo mis dudas y mis preocupaciones. No descarto decenas, cientos o miles de casos irregulares, que las personas afectadas reclaman. Dentro de un sistema judicial con tantas causas, la justicia de Paz absorbe casi el 44% de los conflictos. Ello es producto del nivel económico de las discusiones, carga laboral triplicada por la eliminación de la Justicia Letrada y sumado a los muchísimos problemas de violencia que les fueron asignados con competencia exclusiva. Con tanto trabajo, en oficinas que suelen ser casas o departamentos alquilados, jueces, funcionarios y abogados procuran en lo que alguna vez fueron piezas, cocinas, lavaderos o comedores. ¿Puede dar abasto un ujier en notificar todo o precisa la ayuda de alguien que envíe esas cédulas y las que coinciden los horarios? ¿Puede dar abasto un juez o precisa ayuda? En esta vorágine caben errores genuinos donde no todo es “mafia”. En mi opinión, la política jurisdiccional que se tome deberá sustentarse en el estudio razonado de los resultados de cada caso. Solo así podrá establecerse correctamente qué es mafia y qué es falencia del sistema (que las hay) y debe ser atendida.
