Cuando sus familiares llegaron a la sede policial y preguntaron por qué estaba detenida, los agentes informaron que había sido imputada por un caso de invasión de inmueble ajeno en la ciudad de Villarrica. Era evidente que se trataba de un error. Marta es química industrial, docente jubilada, autora de libros y con una trayectoria intachable. Nadie podía creer que enfrentara semejante acusación.
Ante la gravedad del hecho, sus familiares iniciaron una investigación urgente. Al revisar el expediente, descubrieron que la agente fiscal Noelia Soto había imputado a dos mujeres con el mismo nombre: Marta Elizabeth Maidana y Marta Elizabeth Maidana de Martínez, el 15 de diciembre de 2021, en plena pandemia. No era un caso de homonimia: ambas fueron imputadas, a pesar de tener cédulas de identidad distintas.
El 19 de febrero de 2021, la fiscala Soto y el asistente fiscal Rodrigo Insaurralde se constituyeron en el inmueble invadido, propiedad de la Universidad Nacional de Villarrica. Allí fueron atendidos por María Maidana, otra imputada en la causa, quien explicó que en el lugar vivían siete familias en condiciones precarias. Entre ellas, residía una mujer llamada Marta Elizabeth Maidana, hermana de María. Aunque el nombre coincidía, nunca se corroboró la identidad con documentos, y la fiscala terminó imputando a dos personas distintas con el mismo nombre.
Marta Elizabeth Maidana de Martínez jamás fue notificada ni llamada a declarar. Sin embargo, según el ujier Juan Dávalos Villagra, el 12 de enero de 2022 se presentó en un domicilio en Villarrica –donde supuestamente vivía Marta– y aseguró haber sido atendido por ella. El acta indica que le leyó la imputación, le entregó una copia y le pidió firmar. La mujer se negó. Todo apunta a que alguien se hizo pasar por Marta y usurpó su identidad.
Al conocerse el caso, la fiscala adjunta de Guairá, Natalia Fuster, ordenó a la fiscala de turno, Laura Fernández, solicitar el levantamiento inmediato de la orden de detención. Argumentó que Marta (la detenida en San Lorenzo) no estaba involucrada en el hecho, ya que reside en Asunción, mientras que la persona que cometió la invasión vive en Villarrica. El oficio fue remitido a la Comisaría 1ª de San Lorenzo y al director departamental de la Policía Nacional.
Sin embargo, el comisario principal Óscar Luis Cuevas Belotto, entonces jefe de la Comisaría 1ª de San Lorenzo, se negó a liberarla. Según el acta policial N° 11093, reconoció estar al tanto del caso, pero decidió no acatar la disposición fiscal. Alegó que el comandante de la Policía, Carlos Benítez, también estaba informado. La abogada defensora, Cristel Favole, presentó las resoluciones del Ministerio Público, solicitó la libertad inmediata de su clienta y expuso su delicado estado de salud –diabetes, hipertensión y avanzada edad–, proponiendo que pudiera dormir en su domicilio bajo custodia policial. La solicitud fue rechazada.
Marta pasó la noche en la comisaría. Trece horas después de su detención, fue trasladada a Villarrica, donde el juez Derlis Duarte decretó el levantamiento de la rebeldía y, en una mañana lluviosa, Marta recuperó su libertad.
De no haber renovado su cédula, habría sido acusada y llevada a juicio por un delito que no cometió. Su historia revela una vez más una falla profunda en el sistema judicial: donde se inicia un proceso por descartes de un nombre y se encierra a una inocente.
