Los jueces de Sentencia, Sonia Villalba, Laura Ocampo y Fabián Weisensee fijaron el juzgamiento público para la acusada en la citada fecha, por lo que habilitaron el día inhábil. Así, citaron a las partes para que acudan al Palacio de Justicia para iniciar el juicio.
Sin embargo, la abogada Raquel Talavera, que representa a Emma Concepción González Ramos, adelantó que apelará la resolución porque no existe justificación en el fallo del motivo por el que inicia un día inhábil. Es más, aseguró que no hay peligro de extinción o prescripción de la causa.
Igualmente, sostuvo que existe además una acción de inconstitucionalidad pendiente en contra de las resoluciones que elevaron a juicio oral la causa, ya que no le permitieron el acceso a las pruebas hasta la audiencia preliminar.
La profesional del Derecho indicó que si bien la acción no suspende el juicio oral, si el pedido ante la Sala Constitucional es admitido, llevaría a la nulidad de todo el juzgamiento, por lo que lo ideal sería esperar a que exista una resolución.
En el caso, la abogada Emma González Ramos está acusada por denuncia falsa, porque patrocinó las 155 denuncias que presentó ante la Fiscalía el condenado Ramón González Daher contra sus víctimas.
Talavera aseguró que el caso es una criminalización de la profesión de abogado, teniendo en cuenta que el ser patrocinante o apoderado no lo hace responsable de lo que denuncia su cliente.
Comunicación a la ONU
Además, informó que ya realizó la comunicación a la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la criminalización del ejercicio de la profesión de abogado, en especial porque es una conducta que se va repitiendo en los tribunales.
Citó el caso del abogado Daniel Lobo, donde ordenaron las grabaciones de su teléfono en el caso que era defensor, respecto a las conversaciones con su defendido, lo que era un grave atentado contra la profesión y el derecho a la comunicación privada entre abogado-cliente.
Además, apunta que comunicó el caso, ya que la Relatoría Especial realiza un informe sobre la situación actual de los derechos humanos en el Paraguay, en el que normalmente se realizan las recomendaciones y medidas de no repetición para los países miembros.
Talavera explicó que existe una persecución a los abogados en el ejercicio de su profesión. Mencionó la acordada disciplinaria dictada por la Corte Suprema de Justicia, donde prácticamente le atan de pies y manos a los profesionales por los recursos e incidentes que plantean, dijo.
Además, no descartó que cuando agoten los recursos en nuestro país, realicen una denuncia ante los organismos internacionales, entre ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Organización de las Naciones Unidas.
