Se trata de una derrota en un feudo en el que el clan Núñez tiene total control. La primera vez que el presidente hace uso de su poder de veto es para objetar un proyecto de Bachi. Esta es la señal más visible de quiebre en el oficialismo, entre el Ejecutivo de Peña y el sector más cercano del legislador de Villa Hayes, que todavía opera para ganar las tierras en las que se realizaron ya varios negocios oscuros.
La interna ubicó a gente del mismo equipo en lados opuestos. Mientras el procurador Marco Aurelio González sigue órdenes de Peña de recuperar las tierras y está a punto de comenzar un proceso judicial con los ocupantes que se resisten a abandonar sus parcelas, el intendente de Villa Hayes, Luis López, opera en sentido contrario. Sostiene que la parte de Jardines de Remansito le corresponde a la Municipalidad alegando dos decretos que el procurador no reconoce. También la concejala de Villa Hayes, Sol Núñez, hija del senador, opinó en la misma línea, pidiendo incluso a Peña que promulgue la ley.
En el decreto por el cual se objeta el proyecto, Peña hace hincapié en que no está claro cuál es el interés social como para recurrir a un hecho tan “grave” como lo es “desafectar tierras del Estado”.
También recalca que no hay argumentos técnicos y que no se tiene precisión sobre los ocupantes que serán beneficiados.
“Sin explicar o justificar qué interés social o general se vería atendido por el traspaso de la propiedad a dichas personas, siendo por lo demás un hecho público y notorio que las mismas distan de reunir los requisitos para ser beneficiarias de una medida absolutamente excepcional como es el traspaso de la propiedad pública a manos privadas, debiendo limitarse dichas situaciones a la necesidad de satisfacer un interés social, general o público legítimo”, alega el veto.
Otro elemento que resalta es la ubicación estratégica de la zona para la defensa de la soberanía, por lo que una desafectación deberá ser muy bien justificada.
Bachi quedó claramente expuesto con este hecho, generado por su mayor enemiga pública, la senadora liberal Celeste Amarilla, quien fue la que descubrió, alertada por su par Yolanda Paredes, de que la finalidad del proyecto era beneficiar a ocupantes de muy altos recursos, que hasta construyeron mansiones en la zona ribereña.
El caso Remansito es un parteaguas de una interna inevitable. Los intereses del Ejecutivo no son los mismos que los de los viejos negocios oscuros dentro del Partido Colorado y Peña deberá hacer un gran esfuerzo para alejarse de las sombras sin que signifique una crisis dentro del movimiento que lo sostiene.
Como lo decía el más disidente de los diputados: Los hijos mimados del quincho no pueden seguir siendo voceros del Ejecutivo. Han perdido credibilidad para articular, representar y defender los intereses de la nación.
