Se lo dijo a las más de 1,8 millones de personas que trabajan en el país y cuyo ingreso promedio apenas llega a la mitad del aumento prometido.
Peña fue jefe del departamento de estudios económicos del Banco Central. Sabe que en la última década la dieta parlamentaria se duplicó y que hoy un legislador percibe lo equivalente a once salarios mínimos. Sabe también que más de 600 mil trabajadores ni siquiera ganan el mínimo, y que siete de cada diez obreros tienen ingresos mensuales de entre un salario mínimo legal y medio y menos de un salario mínimo. Peña fue ministro de Hacienda. Conoce en detalle la evolución del presupuesto público. Sabe que, si para conceder estos aumentos pretexta el tiempo transcurrido desde el último ajuste salarial, tendrá luego un pelotón de funcionarios reclamando el mismo beneficio, la gran mayoría con más derecho a hacerlo, como los médicos o los docentes.
El mandatario no puede desconocer, sin embargo, que el impacto mayor se dará en esa mayoría de trabajadores que no tienen la menor posibilidad de conseguir alguna mejora en sus condiciones laborales y que, sin embargo, pagarán con sus impuestos cualquier beneficio adicional que se conceda a la minoría privilegiada colgada del Presupuesto público. Peña sabe que hablo de ese sesenta por ciento de la población económicamente activa y ocupada que permanece en la informalidad, que desconoce lo que son los derechos laborales más básicos, que nunca tuvieron un seguro médico y jamás podrán jubilarse.
Como economista, Peña sabe que medidas como estas no tienen justificación posible como presidente, que con ellas solo está incrementando los niveles de bronca ciudadana y quemando aceleradamente su crédito político.
Todavía si hubiéramos tenido un arranque del nuevo Congreso con aportes notables al marco legal del país o debates inspiradores en las cámaras, capaces de generar entusiasmo por aquello que está por venir. Todo lo contrario, apenas un par de meses fueron suficientes para convencernos de que estamos ante el peor cuerpo colegiado desde el advenimiento de la democracia. Salvo honrosas excepciones, tenemos una colección lastimosa de lo peor de la sociedad paraguaya, una exhibición impúdica de nuestras desvergüenzas.
Trabajar para el Estado no es lo mismo que hacerlo en el sector privado. Lo primero es un servicio público. En los países serios, los legisladores no pueden modificar sus propias dietas. A lo sumo pueden hacerlo para el periodo siguiente. Esto es así porque cuando alguien se postula a un cargo ya sabe qué remuneración tendrá. Si le resulta insuficiente, pues no debe postularse.
Por supuesto que esto lo sabe Peña y con detalles por su doble condición de político y economista. Pero, lo más importante es que Peña sabe además que su misión es mejorar el ingreso de la mayoría de los paraguayos, y que eso solo se consigue logrando que el trabajador paraguayo sea más productivo. Y sabe que la productividad de un trabajador depende principalmente de su nivel de preparación.
¿Por qué los paraguayos que migran a la Argentina se emplean mayormente como albañiles y domésticas y los argentinos que migran al Paraguay terminan con cargos gerenciales en empresas paraguayas? ¿Son más inteligentes o capaces que nosotros? En absoluto. Sencillamente, en cada argentino y argentina se ha invertido muchísimo más (en educación, salud, cultura general) que en cualquier paraguayo o paraguaya.
Y Peña sabe como economista y presidente que es exactamente eso lo que debe hacer. Invertir cada guaraní en la educación, la salud y la cultura de la gente, no en quedar bien con un colegiado minúsculo que no será más eficiente o menos corrupto por un adicional que solo sirve para insultar a quienes lo pagarán con sus impuestos.
