El condenado es Bacilicio Chili Salinas, de 51 años, quien fue hallado culpable de los hechos punibles de homicidio doloso, secuestro, privación de libertad, extorsión, extorsión agravada y asociación criminal. El hecho ocurrió en el año 2020 en San Pedro del Paraná, Departamento de Itapúa.
El Ministerio Público fue representado por la fiscala antisecuestro Zunilda Ocampos Marín, quien obtuvo la condena de 25 años de pena privativa de libertad, hecho considerado histórico en el séptimo departamento.
La fiscala designada para investigar el caso logró un cúmulo de pruebas documentales, testimoniales y periciales que permitieron acreditar la responsabilidad penal del acusado.
El juicio oral comenzó el 21 de abril y finalizó este martes en el Palacio de Justicia de Encarnación. El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por las juezas Diana Arana de Uzuca, Nilda Caballero y Raquel García.
Chili obtenía dinero con secuestros y extorsiones
De acuerdo con las evidencias colectadas en esta causa, Chili integraba una estructura criminal junto a Fernando Araújo, alias Tractor, y Miguel Ángel Chamorro, alias Rapai (prófugo), y otras personas aún no identificadas, con el objetivo de obtener dinero mediante secuestros y extorsiones.
La banda liderada por Chili eligió como víctimas a Rigoberto Bareiro Vargas y Diego Daniel Ozorio. El primero es hermano del narcotraficante Wilfrido Bareiro Vargas, alias Peloncho, quien está cumpliendo condena en el penal de Itapúa.
Los secuestradores conocían a sus víctimas y manejaban información detallada de sus actividades y rutinas.
Víctimas fueron engañadas bajo el pretexto de concretar un negocio
El plan del secuestro se ejecutó entre el 10 y el 11 de octubre de 2020. Tras coordinar y establecer comunicación constante, Chili citó a Bareiro bajo el pretexto de concretar un negocio.
La víctima acudió al encuentro acompañado de Ozorio y ambos fueron conducidos hasta una zona rural de difícil acceso en la localidad de Paso Naranjo, distrito de Fram, donde fueron capturados por los delincuentes.
Posteriormente, los secuestradores utilizaron el teléfono de una de las víctimas para exigir inicialmente USD 50.000 a sus familiares, monto que luego fue reducido durante las negociaciones.
De acuerdo con la acusación fiscal, las víctimas eran mantenidas en cautiverio mientras continuaban las exigencias económicas.
El 12 de octubre, los responsables incineraron el vehículo en el que se desplazaban los afectados, en un intento por eliminar evidencias. Ese mismo día se formalizó la denuncia, lo que activó un operativo del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional y del Ministerio Público, que incluyó análisis de comunicaciones telefónicas y rastreo de ubicaciones.
Las pesquisas permitieron la detención de uno de los implicados, quien finalmente proporcionó información relevante sobre el paradero de las víctimas, que para ese momento ya habían sido asesinadas.
Los hombres recibieron disparos de armas de fuego
Los cuerpos de Bareiro Vargas y Ozorio fueron hallados en una zona rural conocida como Morotingue, distrito de San Pedro del Paraná. Los hombres estaban enterrados en una fosa común.
Las autopsias confirmaron que ambos fallecieron como consecuencia de disparos de arma de fuego y además presentaban otras lesiones; como causa de muerte se determinó shock hipovolémico.
El Ministerio Público sostuvo que la conducta de Chili Salinas fue reprochable, al haber participado activamente en todas las etapas, desde la planificación hasta la ejecución y el posterior ocultamiento del crimen.
La acusación se sustentó en informes técnicos, pericias, registros de llamadas, declaraciones testificales y múltiples evidencias recolectadas durante la investigación, que permitieron reconstruir de manera precisa el desarrollo de los hechos punibles investigados y que finalmente derivaron en la condena de 25 años de pena privativa de libertad.
