La AAA documentó la situación irregular con fotografías donde se observan muros que cruzan, de un punto a otro, con tubos de desagüe. Estos caños, además de ser ilegales y violatorios de las leyes ambientales vigentes, no tienen las dimensiones adecuadas. Actualmente, están llenos de basura y con cada lluvia generan inundaciones que afectan la zona, que está totalmente urbanizada.
Andrés Brítez, presidente de la AAA, comentó que se trata de un lamentable problema ambiental que se repite en otros arroyos que cruzan la ciudad. En el caso de este arroyo represado, dijo que es una de las fuentes que alimenta al arroyo Amambay, que desemboca en el reservorio de agua de la Empresa de Servicios Sanitarios y la Itaipú Binacional.
“Llega al Lago de la República arrastrando basura. Este arroyo también se usa como letrina. Hace 8 años sacamos fotografías de muchos cauces hídricos de Ciudad del Este y este cauce en particular no es la excepción y sigue igual lamentablemente”, comentó.
Brítez lamentó que el área de medio ambiente de la Municipalidad no haya intervenido hasta el momento, teniendo en cuenta que se trata de un problema de larga data, además de generar inundaciones cuando se registran jornadas de lluvias intensas. “Por la situación de este arroyo, la fiscalía del Medio Ambiente le tiene que imputar a Miguel Prieto por omisión”, aseguró Brítez.
El activista recordó que represar un arroyo para cualquier actividad puede costar multa y hasta ocho años de cárcel al responsable por transgredir la ley 716/96, que prohíbe la alteración de los cursos de agua en nuestro país. Los que incurren en este tipo de delitos deben retirar los muros para evitar problemas con la justicia.
“Las personas que incurren en el delito de modificar los cursos de agua se exponen a un proceso judicial y pueden ser condenados con multa y privación de libertad. La Municipalidad tiene que actuar y denunciar a los responsables o se convierte en cómplice por omisión”, indicó.
Agregó que la Ley 716, artículo 4, prohíbe las obras hidráulicas tales como canalización, desecación, represamiento o cualquier otra alteración del régimen natural de las fuentes, cursos de agua y humedales, sin autorización expresa de la autoridad competente. “La pena se establece con multas y de tres a ocho años de cárcel”, refirió.
En el caso de los arroyos que cruzan propiedades privadas, con el permiso de la Municipalidad, pueden realizar muros a los costados para evitar la erosión de su propiedad, pero no pueden detener el curso natural del agua.
