Alegando supuesto mal desempeño de funciones, el diputado de Colorado Añetete Ulises Quintana denunció al juez Penal de Garantías de Asunción Humberto Otazú, ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por medio de su abogado, atendiendo a que se encuentra recluido en el penal militar de Viñas Cué.
El legislador del Alto Paraná fue imputado por la fiscala Lorena Ledesma por los supuestos hechos punibles de tráfico internacional de drogas en calidad de cómplice, enriquecimiento ilícito, asociación criminal, lavado de dinero y tráfico de influencias.
En su denuncia, Quintana sostiene además que la actuación de la agente es “muy cuestionada” y que no existen “bases fácticas” para las imputaciones, que resultaron “excesivas”, con el único fin de un “encarcelamiento preventivo”.
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El entonces juez Rubén Ayala Brun remitió los antecedentes del caso ante la Cámara de Diputados para el trámite de desafuero, que fue aprobado. Posteriormente, el fiscal Isaac Ferreira ordenó la captura preventiva de Quintana, pero este alegó que se violó el artículo 191 de la Constitución Nacional que “prohíbe la detención de un senador o diputado desde su elección hasta el cese de sus funciones”, indicó.
Además, Ayala Brun ordenó la prisión preventiva del diputado, quien nuevamente resaltó que esta medida infringe la ley. Agregó que existió falta de méritos, por lo que, a su parecer, se violentó el artículo 242 del Código Procesal Penal.
Cumpliendo con su privación de libertad, el parlamentario solicitó permiso por tiempo indefinido ante la Cámara Baja. Tras esto se convocó a la suplente Rocío Abed, quien es la esposa del diputado Justo Lucho Zacarías, a quienes señala como miembros del clan Zacarías, con quienes mantiene una enemistad política.
En el escrito se critica también que el fiscal Ferreira no haya realizado diligencia alguna en el caso por tres semanas, “para ocultar su error”, por lo que lo denunció por inacción.
Senad y Seprelad no reportaron nada, destaca Quintana
En los siguientes días, se convocó a declarar al jefe de Inteligencia de la Senad, Juan Manuel Jara, quien, según destacó Quintana, informó que en los seis meses previos a la investigación no se detectaron elementos que vinculen al diputado con tráfico de drogas ni conversaciones con funcionarios vinculados a organismos de seguridad para brindar protección a la banda criminal supuestamente liderada por Reinaldo Cucho Cabaña.
Otro factor que debilita las imputaciones, argumenta Quintana, fue el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que no reportó operaciones sospechosas que lo involucren.
Por tanto, deduce el procesado, el único elemento en su contra es una llamada telefónica en la que se le solicita ayuda y en la que supuestamente interviene solo en calidad de abogado y para derivar la situación a profesionales de la zona.
Tras estos hechos, la defensa de Ulises Quintana solicitó revocatoria de la prisión, pero le fue negada, “sin ser estudiado el pedido”, citado esto como una irregularidad en el proceso.
Continuidad en el proceso y participación de Otazú
Ya en la feria judicial, el abogado del acusado presentó la solicitud de revisión de la medida cautelar, que fue llevada a cabo el 23 de enero pasado ante el juez Otazú, para que sea analizada la supuesta falta a la prohibición de que un legislador sea detenido.
Durante la audiencia, la defensa técnica del parlamentario recibió un mensaje de texto que mencionaba que el magistrado es compadre de los diputados Lucho Zacarías y Rocío Abed, pero no fue formulada ninguna recusación por falta de certeza.
Sin embargo, al siguiente día, se citaron causales de supuesto mal desempeño, como violación de las reglas de inhibición, teniendo en cuenta la supuesta relación del juez con los Zacarías, indica la denuncia.
La segunda causal señalada es la supuesta violación de la Constitución por la detención de un parlamentario, que fue reclamada en la audiencia de revisión de medidas. Quintana no perdió su investidura y cuenta con “inmunidad”, pero esto no fue tenido en cuenta por Otazú, indica.
La tercera causal de mal desempeño, indica, es el “desconocimiento de las funciones del juez Penal de Garantías”. En ese sentido, expone que Otazú alegó no tener facultades para valorar las pruebas presentadas por el Ministerio Público en etapa preparatoria, por lo que el procesado cuestiona que un magistrado transfiera de ese modo su poder de decidir sobre revocar o no una prisión preventiva.
Como cuarta causal fue expuesto el “desconocimiento del principio de supremacía constitucional”, alegando que Otazú dictó la prisión preventiva cuando la ley menciona que esta figura debe utilizarse solo en casos “excepcionales”.
Por último, apunta como causal el “desconocimiento de los presupuestos de la prisión preventiva”. Indica en ese marco que las razones para establecer esta medida son el peligro de fuga y la obstrucción, que, según Quintana, en su caso no corresponden.
El caso
La Fiscalía había explicado que a Quintana se lo sindica de recibir apoyo financiero durante la campaña electoral por parte de Reinaldo Cucho Cabaña, la utilización de la camioneta de este y las conversaciones entre ambos. También, que el rol principal del legislador dentro de la organización delictiva fue la de impedir que las autoridades de seguridad intervengan en actividades ilícitas.
En su condición de diputado habría incidido en la liberación de Diego Medina Otazú, secretario del presunto narco, quien cayó en una barrera policial en Nueva Londres, Caaguazú, con USD 190.000, pero que con la supuesta ayuda de Quintana, los agentes hicieron figurar en su informe la suma de USD 19.000.
