“Con esta precariedad es imposible erradicar la impunidad en Paraguay. Esta cruda realidad, debería impulsar a los ciudadanos a exigir el fortalecimiento de la Unidad Especializada de Delitos Económicos (UDEA). Nuestra organización Sapy Coapy hace tiempo viene advirtiendo, que no podemos con pocos fiscales, sin infraestructura, sin tecnología, sin transparencia, rendición de cuentas, etc. combatir la corrupción y erradicar la impunidad de Paraguay”, manifestó.
Roa aseguró que el edificio donde funciona la UDEA no ofrece ninguna garantía. Sostuvo que el contrato de alquiler se materializar durante la administración de la ex fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez.
Sostuvo que si tenemos que pensar en que Paraguay califica como segundo país más corrupto de Sudamérica, también se tiene que evaluar qué es lo que se tiene para salir de ese nivel de puntuación en la que está nuestro país desde hace décadas.
“Tenemos 13 agentes fiscales para investigar la corrupción que pueden darse en más de 260 municipios, 17 gobernaciones, más toda la corruptela del Poder Ejecutivo y sus ministerios, cada ministerio, estamos hablando de la corrupción que se puede dar en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, en el Poder Legislativo, las entidades autónomas, las personas físicas y jurídicas que muchas veces evaden impuestos y son investigados por la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción están las universidades, la Contraloría, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Consejo de la Magistratura, que son personas que pueden cometer hechos punibles y tienen que ser investigados por 13 fiscales para todo el país. Con este nivel de precariedad es imposible avanzar en materia de lucha contra la corrupción”, manifestó.
La abogada y representante de “Somos Anticorrupción Py”, mencionó además que la mayoría de estos fiscales no tienen la cantidad de recursos humanos que se requiere para llevar adelante la cantidad de investigaciones que tienen a cargo.
“Otro dato no menor es que los agentes fiscales de las unidades especializadas no tienen un respaldo de seguridad que le pueda ofrecer el Estado paraguayo teniendo en cuenta que son expedientes en los que están vinculados muchos políticos con el crimen organizado”, resaltó.
Dijo que según la publicación de la que se hizo eco en ÚH, los fiscales de las unidades especializadas cobran un salario muy bajo en comparación al trabajo técnico que ellos tienen.
“Los asistentes fiscales que tienen un rol protagónico en las acciones también cobran muy poco, lo que se requiere es tener técnicos y peritos de diversas ciencias que puedan ayudar en la investigación”, manifestó.
ÚH constató que en el edificio donde funciona la UDEA no cuenta con armarios ni tampoco una tecnología adecuada.
