Barreto, señalado como uno de los responsables directos del crimen, fue beneficiado con arresto domiciliario mediante una resolución emitida el 27 de diciembre de 2024, según el oficio N° 391 enviado a la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.
El documento, dirigido al director de la Penitenciaría, comunica la suspensión de la prisión preventiva en el marco del expediente caratulado como “Ministerio Público c/ Germán Barreto Ocampos y otros s/ secuestro y otros”.
La resolución establece una serie de medidas para garantizar la sujeción de Barreto al proceso judicial.
Dispone el arresto domiciliario en Puerto Indio, distrito de Mbaracayú, en una vivienda de madera sin pintura, con techo de chapa y sin cercado perimetral.
La comisaría local deberá realizar controles aleatorios y remitir informes quincenales sobre su cumplimiento.
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Se deberá realizar la verificación del domicilio en un plazo de cinco días hábiles por parte de la actuaria judicial, así también la comparecencia se debe hacer ante el Tribunal del 1 al 5 de cada mes.
Barreto tiene prohibido cambiar de domicilio o abandonar el país sin autorización judicial. Tampoco puede acercarse a la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio.
Asimismo, está obligado a asistir al juicio oral y público fijado para el 12 de febrero de 2025 a las 08:00.
Fianza personal y real
La caución personal es de G. 50 millones a cargo de Diego Luis Rojas Ramírez.
La fianza real corresponde a un inmueble valuado en G. 100 millones, propiedad de Ángel Erico Ramírez.
El Tribunal advirtió que cualquier incumplimiento de estas condiciones resultará en la ejecución inmediata de la prisión preventiva y Barreto deberá retornar a la Penitenciaría Regional.
El abogado de la víctima, Derlis Martínez, alertó sobre el peligro que representa esta medida. “Es una decisión extremadamente grave. Hernán Barreto es uno de los que interceptó a la víctima y fungió como guardia durante el secuestro. Hay un riesgo real de fuga, considerando la magnitud de la condena que enfrenta. Además, esto podría abrir la puerta para que los otros coautores también sean beneficiados con arresto domiciliario”, lanzó.
Refirió que el juicio oral y público ha sido objeto de múltiples postergaciones, dilatando el proceso por más de dos años. Finalmente, fue fijado para el 12 de febrero de 2025. Sin embargo, la liberación de Barreto añade incertidumbre sobre el desarrollo de la audiencia, aumentando las sospechas de que el imputado podría evadir la justicia.
