Desde el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informaron que continúan honrando el convenio establecido con el Ministerio Público, respecto al retiro de reductores de velocidad (lomadas) instalados en lugares no establecidos. El acuerdo se había firmado en mayo, pero la cartera de Estado no realizó los trabajos, por lo que el Ministerio Público abrió una investigación penal.
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La normativa vigente que justifica la construcción de lomadas en rutas nacionales rige según la Ley N 3.877/2009, “que dispone la eliminación de los dispositivos de control de velocidad vehicular denominados lomadas o lomos de burro, de las rutas nacionales o internacionales”.
En su artículo primero explica que es con excepción de aquellos colocados en las proximidades de centros educativos y hospitales.
En ese contexto, indicaron que existen 750 lomadas a nivel país, de las cuales solo una mínima parte se encuentra en rutas nacionales y ya se procedió al retiro del 50% de las mismas, según el Departamento de Seguridad Vial de la Dirección de Vialidad de la cartera de Estado.
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“Cabe mencionar que, las instaladas en las rutas departamentales (DO) tienen la debida justificación, teniendo en cuenta que mayormente conectan comunidades donde anteriormente solo existían caminos de tierra o empedrados y en donde la mayoría acostumbra a circular sin precaución”, detallaron.
Finalmente, el ingeniero José Gómez, jefe del Departamento de Seguridad Vial de la Dirección de Vialidad del MOPC, insta a los automovilistas a respetar los límites de velocidad establecidos en las rutas nacionales, departamentales y zonas rurales, debido a que el impacto ante un obstáculo es mucho menor cuando el vehículo está con una velocidad prudente. “El vehículo puede resistir, pero el ser humano no resiste”, advirtió.
