Aunque despertó polémica la apertura de una causa penal contra el MOPC por la no destrucción de lomadas en rutas principales, para el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, es un tema importante que contempla el Código Penal en su artículo 216 de Intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre.
“El interés puntual es el libre tránsito que dice la Constitución Nacional y la garantía que debe tener el ciudadano de transitar libremente por las rutas nacionales y llegar a destino en el modo que tenía previsto. Además, no debe olvidarse que ese aspecto constitucional está protegido también por una norma penal, artículo 216, que castiga la puesta de obstáculos en las rutas”, explicó en radio Monumental 1080 AM.
Considera que en un Estado moderno se debe considerar la fluidez en el tránsito y que, en el caso de las lomadas, no solo dificultan la circulación, sino que además causan perjuicios y accidentes cuando no están debidamente señalizadas. “Es un tema que prácticamente hoy es una calamidad en todas las rutas”, criticó.
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Como ejemplo mencionó la ruta que une Nueva Italia con Carapeguá, donde incluso los habitantes improvisaron lomadas para retener a los automovilistas en la zona, en un intento de aprovechamiento comercial.
Más que una precaución, para Rolón las lomadas son una exageración y, aunque la institución trata investigaciones que contemplan penas elevadas por crímenes, advirtió que esta línea que aborda también cuestiones sociales continuará.
”Además de ser un hecho punible, es un objetivo misional preponderante. Ahora bien, hay otras aristas que también reclamé desde el inicio de mi gestión que tiene que ver con la representación de la sociedad, que es justamente lo que movió un poco la faz conciliatoria inicial que empezamos en marzo, pero en vista de que no hay atención a ese tema, no podemos dejar abierto un panorama sin que se dé una respuesta final”, advirtió sobre la omisión del MOPC al acuerdo firmado en mayo para la eliminación de lomadas irregulares.
Se trata de un convenio firmado con el ministro de Obras Públicas de entonces, Rodolfo Segovia, pero que hasta ahora no se ejecutó.
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Asimismo, mencionó que hay otras aristas que tampoco se desarrollaron como la precautelación de derechos de comunidades indígenas, cuidado del medioambiente y la atención de “intereses difusos”.
“Es cierto, nuestra carencia presupuestaria es terrible, pero estas son misiones constitucionales, estamos haciendo el esfuerzo extraordinario de sacar algunas cuestiones que son de interés social y están como objetivos constitucionales”, dijo sobre las intenciones de la Fiscalía de seguir con otras investigaciones que no son habituales.
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En ese sentido, insistió en que la institución no puede soslayar su compromiso social y obligaciones previstas en la Constitución Nacional por falta de presupuesto y adelantó que reclamará las partidas presupuestarias donde correspondan para tener la capacidad de hacer cumplir las leyes.
Para la investigación contra el MOPC se designará un equipo, bajo coordinación de la fiscala adjunta Alba Rocío Cantero.
