El abogado denunciante, Jorge Rolón Luna, celebró el hecho y alegó que en la causa hubo un “silencio cómplice” e “indiferencia” de varias instituciones. “Casi en solitario, he denunciado esta vergonzosa complicidad con la tortura por parte de la Fiscalía y el desentendimiento de otras instituciones, hasta que llegó la fiscal Sonia Sanguines e imputó”, expresó.
Fue entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de julio del 2020 en que se produjo un tiroteo en el río Paraná, entre presuntos contrabandistas y militares de la Prefectura Naval de CDE.
Posteriormente, los efectivos militares ingresaron a diferentes hogares para sacar a los sospechosos y torturarlos, primeramente en sus dormitorios, frente a sus hijos, según denunciaron y, luego, en la sede militar.
ORDEN DE ARRIBA. Rolón Luna detalló que efectivos de la Marina actuaron por orden y autorización del alto mando, perjudicando a pobladores de la ciudad de Presidente Franco. Pese a las pruebas, consistentes en videos, fotos, partes médicos, testigos, sostuvo que “la Fiscalía de DDHH no hizo más que simular investigarlos. Hasta el 27 de mayo del 2024”.
Lanzó que en todos estos años se tuvieron todas las evidencias de que los militares no tenían la competencia, ni la orden de detención, ni de allanamiento, y que hay pruebas de que las torturas se realizaron en el cuartel “donde todo (nombres de efectivos, personal superior) queda registrado”.
