Édgar Olmedo analizó este jueves los graves incidentes que se produjeron en la Plaza de Armas, frente al Congreso, en torno a la sanción de la propuesta de ley que aumenta las penas para las invasiones de tierra.
Olmedo relató que fue convocado por los líderes de las comunidades, quienes le solicitaron su intermediación para que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, vete el texto sancionado.
El titular del Indi no quiso sentar postura sobre la criminalización de las invasiones, pero afirmó que el impacto de esta normativa en las comunidades nativas sería mínimo.
“He revisado ambas posturas, la de elevar las penas no es una solución y otra que se reducirán índices de invasión. El impacto que puede generar en la comunidad indígena es mínima”, dijo Olmedo en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
Lea más: Ignorando problema real de tierras, sancionan criminalizar invasiones
El funcionario del Ejecutivo señaló que hubo “manipulación y desinformación” respecto al proyecto de ley. “Se distorsionó bastante este proyecto para hacer creer, instalar, que esta ley es una medida exclusiva para castigar a los indígenas”, agregó.
El presidente del Instituto Paraguayo del Indígena mencionó que de más de 700 comunidades indígenas existentes en el país, son solo 5 las que estarían afectadas por la normativa.
“Las comunidades que están en esa situación son las que aún se mantienen en Asunción, estamos hablando de unas 350 personas. Hay casos judicializados”, explicó.
Olmedo dijo que las comunidades de Canindeyú y Alto Paraná, que son comunidades con tierras aseguradas, son las que llegaron a Asunción para sumarse a las movilizaciones.
Señaló que estos grupos de nativos fueron incentivados por la campaña que distorsiona. “Les dijeron que incluso afectaría a los alquileres de tierras”, agregó.
Como responsables de las manipulaciones, el titular del Indi sindicó a los activistas de izquierda. “Si bien no estaban los grandes representantes de izquierda, vi a varios activistas”, dijo.
Relacionado: Manifestantes queman oficina del Indert, vehículos y una caseta policial en Yasy Cañy
Olmedo insistió en que generalmente los indígenas son víctimas de invasiones, por lo que una ley que criminaliza estos hechos, incluso, les daría seguridad jurídica.
“El 99,9% tienen comunidades indígenas que tienen asegurados sus territorios. Esta ley incluso les da seguridad jurídica”, expresó.
El presidente del Instituto Paraguayo del Indígena lamentó los hechos vandálicos y aseguró que la institución seguirá brindando asistencia a las comunidades nativas que permanecen en la Plaza de Armas.
