En el caso, el ex funcionario estatal y el empresario vinculado con el caso A Ultranza Paraguay fueron acusados por fiscal Silvio Corbeta por presuntos hechos punibles de cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, lavado de dinero y asociación criminal.
Según dice el Ministerio Público, las testigos, funcionarias de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la SEN relataron ante los jueces que recibían instrucciones –a través de notas, indicaciones verbales o pequeños recordatorios escritos– de parte de María Elena Muñoz, de la Dirección de Administración y Finanzas, sobre cuáles serían las empresas invitadas en los procesos de contratación.
Señalaron las deponentes, todas las empresas correspondían a firmas vinculadas a Koube, lo que de acuerdo con los fiscales, ratifica la acusación que presentaron.
Además, las testigos manifestaron que la secretaria de dicha funcionaria retiraba los documentos referentes a las licitaciones en las que participaban empresas del empresario, confirmando así el direccionamiento de los procesos licitatorios hacia el Grupo Tapyracuai SA y otras sociedades relacionadas.
Conforme con la acusación del Ministerio Público, está acreditado que Joaquín Roa, quien estuvo al frente de la SEN entre agosto de 2013 y febrero de 2022, recibió beneficios económicos indebidos de Koube Ayala a cambio de adjudicaciones a su grupo empresarial.
Con ello, apunta la acusación que el ex ministro resultó beneficiado con al menos 11 licitaciones por un monto aproximado de G. 16.080 millones, provenientes del fondo de emergencia.
Asimismo, la Fiscalía quiere demostrar en el juicio oral que en agosto de 2018, Roa recibió de Koube una embarcación marca Azimut AZ 42, valuada en aproximadamente USD 450.000, como contraprestación por los favorecimientos en contrataciones.
El juzgamiento público se realiza ante los jueces Elsa García, Sonia Sánchez Laspina y Ana Rodríguez, quienes fijaron la continuidad del juicio para esta siesta a las 13, donde seguirán con más declaraciones testificales.
