La ministra Carolina Llanes había propuesto la confirmación de la jueza Penal itinerante de Itapúa, Karina Ruiz Díaz, quien ejerce actualmente en el Juzgado Penal de María Auxiliadora, en el citado departamento.
Iba a ser confirmada en forma unánime hasta que luego el ministro César Garay, dejó sentado que se abstenía a votar por esa magistrada, porque era la que había liberado a un tal King Kong (Óscar Ramón Cardozo, ya fallecido), quien luego fue y mató a otra persona en una carrera de caballos. Dijo que no fue destituida solo porque tuvo cuatro votos y no cinco, por lo que fue apercibida.
Ante esto, los ministros Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander y Eugenio Jiménez Rolón, hicieron lo mismo y se abstuvieron a votar. Al final, la juez fue ratificada por cinco votos contra cuatro.
Después, ya en la parte de asuntos varios, el ministro Gustavo Santander propuso que la Corte Suprema pidiera los informes actualizados del Tribunal de Ética, del Jurado de Enjuiciamiento y del Consejo de Superintendencia.
Esto, sostuvo el ministro, para que no ocurrieran cuestiones como lo de la jueza que si tenía cuatro votos y solo le faltó uno, entonces su trabajo no era tan bueno.
Ante esto, el ministro Víctor Ríos señaló que disentía respetuosamente con su colega. Alegó que el “absuelto es absuelto”, así sea por un voto. Es más, alegó que la misma Corte en la sesión pasada no habían aceptado el pedido del Jurado para suspender a una jueza, salvo que le dieran “la infalibilidad papal”.
También habló de casos en donde la decisión del JEM fue revocada por el Máximo Tribunal. Sostuvo que todos eran falibles y que era difícil saber lo que luego haría una persona, y que varias veces, la que menos pensás, comete un crimen.
Finalmente, dijo que debían cumplir con la Constitución y la ley, y que no podían ahora decir que para absolver debía ser unánime. Además, que era conocido que en muchos casos, cuando se estudia una terna para confirmar a un juez, se presenta una denuncia ante el JEM.
Defensa de la jueza
Luego, la ministra Carolina Llanes, en forma enérgica, apoyó a su colega Ríos. Dijo que conocían perfectamente cómo se gestionó la denuncia contra la magistrada ante el JEM, y que fue una “feroz persecución” de determinados sectores que se mediatizó, a los efectos de cancelarla y sacarla del sistema de justicia, por su honestidad.
Dijo que la Corte no podía someterse al populismo. Afirmó que ella había conversado con todos los sectores y que todos señalaban sobre su honestidad. Remarcó que se sabía sobre las denuncias solo para cancelarla.
Expresó que no iba a venir a pedir la confirmación de una persona acusada de corrupción. No podemos consagrar el Poder Judicial policial, sino que eran jueces y que actuaban basados en la ley.
Luego, Santander acusó a Ríos de que como político lleva a otro plano su pedido. Remarcó que nunca dijo que el JEM era vinculante, sino que debían tener toda la información.
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Manuel Ramírez Candia sostuvo que comprendía el pedido de Santander, y que, como representante ante el JEM junto con Garay, iban a proveer la información actualizada.
César Diesel, por su parte, alegó que compartía lo que dijeron sus colegas Ríos y Llanes, y que estaba de acuerdo con tener las informaciones, pero por los plazos, no podían estar sujetos a estos informes, sino que si los ministros saben de algo, debían compartir la información a tiempo.
Ríos contestó a Santander con que sus propuestas eran técnico jurídicas, aunque al ser una cuestión constitucional, era de contenido político. Además, se tuvo la información relevante, donde dice que tenía un apercibimiento, no fue destituida.
También que debían ser coherentes con el modelo de gestión, y que en un 99% se confirmaba lo que el superintendente pedía, que ya había sido estudiado antes. Alegó que no iba a ser la primera vez que se dieran medidas alternativas, que podían equivocarse. Remarcó que estuvo en el Congreso y que nunca fue populista con el Derecho Penal.
Garay citó otro caso
El ministro César Garay, por su lado, explicó que la citada jueza también había dado arresto domiciliario a un narcotraficante que ahora estaba en juicio oral.
Llanes de nuevo reaccionó y se preguntó si ahora el dar medidas alternativas era motivo de enjuiciamiento. Afirmó que este era una nación donde la prisión era la excepción y que la misma Corte alentaba a dar las medidas, con lo que vivíamos en un país del revés.
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Manuel Ramírez Candia acotó que la Corte había suspendido a uno o dos magistrados por dar medidas. A esto, Santander dijo que hace dos años se suspendió a dos magistradas, una de Itapúa por dar medidas a un narcotraficante.
Llanes replicó que era una jueza de Ejecución que le dio prisión domiciliaria a un narcotraficante condenado, y que esa era otra situación muy diferente, por lo que no se podía comparar.
Finalmente, Alberto Martínez Simón dijo que los ministros tenían la costumbre de investigar a todos los candidatos, y que no se tenía que satanizar las medidas alternativas, y que en algunos casos, en los que se dan en forma irregular, podían ser objeto de enjuiciamiento y destitución. Alegó que estaba de acuerdo con conocer la información y que iban a tratar de que sea lo más rápida posible.
El ministro Luis María Benítez Riera afirmó que varias veces consultó a los ministros Ramírez Candia acerca de los magistrados sobre los que tenía dudas y que, en varios casos, aún era incierto, por lo que se optó por confirmar y luego esperar la decisión del JEM.
