EFE
Rachid, que trabajó como fiscal de la causa y dirigió una investigación en la que fueron acusados 13 campesinos por la muerte de 6 policías en la masacre, pero no fue imputado nadie por la muerte de 11 labriegos, fue nombrado el sábado como viceministro de Seguridad del Ministerio del Interior.
Según Azuaga, se trató de un “nombramiento de la noche a la mañana” en un “momento candente” del juicio a los campesinos acusados: las declaraciones de los policías presentes en la masacre y citados como testigos por la Fiscalía.
El abogado recordó que, durante la sesión del juicio el pasado viernes, uno de los testigos, el policía Antonio Gaona, había explicado que el operativo policial durante el que se desencadenó la masacre fue filmado por el departamento de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
Sin embargo, esta filmación no estuvo incluida entre las pruebas examinadas por la Fiscalía, por lo que la defensa de los acusados solicitó hoy acceder al documento.
Azuaga llamó la atención sobre el hecho de que el nombramiento de Rachid se produjera un día después de que Gaona hablara de este video, y expresó su temor a que el nuevo viceministro utilice su cargo para ocultar pruebas del proceso.
“Rachid va a seguir manipulando el juicio desde el Ministerio del Interior, que es quien almacena una gran cantidad de pruebas que nunca salieron a la luz”, afirmó el abogado.
Añadió que Rachid será ahora “el jefe directo de los policías” convocados como testigos, y temió que pueda presionarlos para controlar sus declaraciones.
En la sesión de este martes declararon un total de seis testigos, todos ellos suboficiales de policía presentes en el momento de los hechos: Esteban Báez, Vicente Mora, Virgilio Blanco, Rolando Álvarez, Óscar Arévalo y Alcibíades Benítez.
Además, asumieron como fiscales Leonardi Guerrero y Nelson Ruiz en sustitución de Rachid, quien estuvo presente durante toda la sesión y afirmó que no se ausentará hasta que no asuma su cargo como viceministro.
Durante la sesión fueron examinadas algunas herramientas de labranza de los campesinos, que fueron presentadas como “armas contundentes” por parte de la Fiscalía, un hecho que “insulta a la inteligencia”, según Azuaga.
Por su parte, varios de los testigos declararon que durante la masacre escucharon disparos procedentes de armas automáticas, aunque muchos de ellos dijeron no haber visto ni escuchado nada debido a que permanecieron con el cuerpo sobre tierra desde el inicio de los tiros.
El juicio proseguirá el miércoles con más declaraciones de los testigos convocados por la Fiscalía.
La matanza de Curuguaty, que dejó 11 agricultores y 6 policías muertos, ocurrió el 15 de junio de 2012 cuando unos 340 policías rodearon a un grupo de manifestantes campesinos durante el violento desalojo de unas tierras ocupadas por labriegos de la zona en demanda de que formaran parte de la reforma agraria.
La masacre sirvió de base para impulsar un juicio político contra el entonces presidente, Fernando Lugo, quien fue destituido una semana más tarde.
