Los pedidos de intervención en contra de intendencias cuyas administraciones fueron aplazadas por sus respectivas concejalías y están en la Cámara de Diputados para su estudio conllevan varios escollos para que, efectivamente, corran los acuerdos respectivos por parte de la Cámara, en razón de que algunos intendentes investigados tendrían la protección de los familiares que hoy ejercen como parlamentarios.
Se trata específicamente de los casos del intendente de Tomás Romero Pereira, Hernán Ysidro Rivas Román, y de Hilario Adorno, intendente de Puerto Casado.
Ambos tendrían la protección –según los pasillos del Congreso– de sus familiares que ejercen actualmente como legisladores de su mismo partido, la Asociación Nacional Republicana (ANR).
En el caso del primero, el intendente de Tomás R. Pereira, su hijo es el senador y miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Hernán Rivas.
El padre del parlamentario tiene una objetada adminitración, por lo que los concejales de la ciudad reprobaron su balance. Además remitieron la denuncia pertinente al Ministerio Público.
La semana pasada, la Cámara de Diputados dio ingreso al pedido de intervención y en plenaria bajo la presidencia, diputado Raúl Latorre, ya se decidió integrar la Comisión Especial que se encargará, previa convocatoria a las partes y la comprobación documental e in situ, de emitir dictámenes al respecto.
En el segundo caso, el intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno, tiene a su hermano, diputado Mino Adorno –integrante del bloque oficialista– como uno de los principales operadores para truncar el pedido de intervención.
Los concejales del distrito urgieron a la Cámara que ya se expida sobre la intervención o no del municipio, atendiendo que al criterio de ellos, existen motivos suficientes para que se acepte el pedido.
Cabe recordar que el último balance por G. 6.600 millones fue desaprobado y careció de rendición de cuentas, argumentaron los ediles. Asimismo, por el hecho más llamativo que se le investiga a Adorno quien además está imputado es por la compra irregular de un vehículo para su uso particular, presuntamente a costa de la comuna.
Otros. La próxima sesión definirá la suerte de otros dos municipios de Valenzuela y Ñemby, por lo que la postura de la ANR y el PLRA es clave.
