La ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, admitió que un lote de 40 buses eléctricos nuevos se encuentran fuera de servicio debido a la falta de una estructura tarifaria definida para este tipo de tecnología. El anuncio se da en un contexto de fuerte presión ciudadana y críticas por parte de los gremios de transporte.
El inconveniente radica en la brecha de costos entre las unidades diésel y las eléctricas. Si bien el compromiso del Ejecutivo es mantener el precio del pasaje para el usuario (G. 2.300 convencional y G. 3.400 diferencial), el Estado debe definir cuánto pagará en concepto de subsidio a las empresas.
Respecto a los valores, la funcionaria explicó que la tarifa técnica de los buses convencionales es de G. 5.200, mientras que el diferencial es de unos G. 5.800. En el mismo sentido, refirió que la tarifa estudiada para los buses eléctricos es de entre G. 6.000 y G. 6.500 (estimada según volumen de unidades).
“El material rodante de los buses eléctricos es más caro. Estamos analizando esto con el Ministerio de Economía, que es el ente que habilita el valor que podemos pagar”, explicó la ministra Centurión en conversación con Monumental 1080 AM.
Centurión adelantó que el Gobierno se encuentra en la etapa final para incorporar no solo las 40 unidades mencionadas, sino un total de 80 buses bajo el esquema de esta misma empresa. Asimismo, se aguarda la promulgación de la reforma que permitirá iniciar nuevos procesos de licitación.
Flota combinada será la apuesta
El plan oficial apunta a una composición de 40% buses eléctricos y 60% unidades Euro 5, modelo que consideran el más adaptable a la infraestructura actual del país.
A pesar del alto costo inicial, la ministra destacó que el bus eléctrico presenta beneficios sustanciales en cuanto a impacto ambiental y el mantenimiento a largo plazo.
“Comprendemos el hartazgo ciudadano e hicimos una reforma. Es un proceso gradual, pero el compromiso es reconocer las subas y sostener el servicio”, concluyó.
La funcionaria explicó que el Estado realiza cierres de la tarifa técnica cada seis meses para reconocer las variaciones de costos y garantizar la operatividad.
La “inacción” priva a usuarios de mejoras
Pese a haber sido adjudicados al sector privado, la falta de una definición tarifaria por parte del Gobierno mantiene las unidades en los depósitos. Cetrapam, liderado por César Ruiz Díaz, denuncia que la inacción estatal perjudica directamente a miles de usuarios.
El gremio realizó la denuncia a través de las redes sociales e hizo referencia a que se trata de una decisión política del Gobierno, que no define la tarifa técnica para la operación.
Al tratarse de una tecnología distinta a la de los buses a combustión, la tarifa técnica debe ser recalculada para incluir variables como el costo de la energía, el mantenimiento especializado y la amortización de los equipos de carga rápida.
