Es verdad que la democracia como sistema nos presta sus estructuras desde hace décadas ya: voto, Parlamento, información pública, iniciativas ciudadanas… pero todavía no llegamos a internalizar sus principios y valores.
También es verdad que la vecindad está debilitada y esto es más grave aún que el problema estructural, porque es a ella –y no al poder político de turno– a la cual le debemos más lealtad por sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque la democracia es un medio para convivir y gobernar, en cambio la vecindad, es decir, la comunidad, es mucho más que eso, es el punto de cohesión de nuestros valores más genuinos, el punto de encuentro donde podemos desarrollar todas nuestras dimensiones personales. Es en la comunidad donde se encuentran los grupos intermedios como la familia, que nos fortalecen ante el poder.
Es verdad que la derogación de una ley como la 6659/20 que avala un convenio de cooperación para la transformación del sistema educativo, y que posibilita contar en el Estado con fondos no reembolsables es un tema vidrioso. Pero, justamente por eso, hubiera sido estupendo que quienes toman las decisiones políticas consideraran más los datos (tras la lectura del convenio en sí) y los hechos reales (como que los ODS 4 y 5 de la Agenda 2030, al cual se pide alinear el sistema educativo paraguayo, están planteados con estrategias, perspectivas y acciones muy detalladas que, como pueblo soberano, tenemos el deber de poner en contexto geopolítico y cultural), y discernir con toda libertad si queremos adherirnos a esta agenda política que influirá en la educación de nuestros hijos o si no queremos adherirnos (y qué alternativas de reforma educativa deseamos).
Varios voceros de los que votaron por el sí a la derogación de la ley tuvieron la gentileza de expresar sus argumentos en forma coherente, otros actuaron en bloque, aplaudidos por las organizaciones civiles, especialmente de padres, que presentaron sus objeciones. Los voceros de los que votaron por el no, a mi parecer, acudieron más a la sensiblería (“se acabará la merienda escolar”, “se caerán los colegios a pedazos”, etc.), y a una abierta coacción sicológica del tipo posmoderno con palabras talismán (como cooperación, inclusión y desarrollo sostenible) para justificar una intromisión política foránea en el corazón mismo de nuestra identidad.
¿Por qué no tener la valentía y la integridad para poner todas las cartas ideológicas sobre la mesa en la discusión? Por ejemplo, ¿queremos soberanía cultural o nos adherimos a ese estilo de monitoreo permanente, que impone la gobernanza?; ¿queremos que los aliados estratégicos de nuestro donante, los cuales figuran en el convenio, influyan con sus perspectivas educativas en nuestros hijos y en sus profesores, por ejemplo, en lo que ellos mismos escribieron en su convenio al decir que: “La educación es decisiva para FORMAR LA POSICIÓN DE LOS NIÑOS EN MATERIA DE GÉNERO” (ver página 12 en el anexo de la ley)?; ¿queremos que casi la mitad del dinero no reembolsable citado en el convenio sea manejado por organizaciones no gubernamentales?; ¿queremos que se enseñe que el Estado es el primer garante de los derechos de los niños o que son los padres?; ¿queremos que se constituyan las comunidades educativas tal como lo manda la Ley General de Educación?...Hay mucho que debatir y no es leal usar el “cháke” político por detrás de los talismanes discursivos buenistas ante cámaras. En mi caso, estoy de acuerdo en que se derogue esta ley de pandemia (año 2020) y que se discuta cómo hacer una cooperación con más libertad y respeto mutuo.
