Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves debían comparecer este miércoles en el Palacio de Justicia para una audiencia preliminar en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa.
Sin embargo, el juez Humberto Otazú suspendió la diligencia. Según informaron medios locales, la Fiscalía continúa recibiendo documentaciones de entidades bancarias sobre el caso que se está investigando.
El proceso guarda relación con las operaciones de la empresa Príncipe di Savoia SA, la cual Última Hora identificó en el 2010 que era propiedad del ex parlamentario colorado.
En aquella ocasión, la investigación de este medio mostró que el político evadía impuestos inmobiliarios de unos 65 inmuebles, adulterando datos en el sistema informático de la Municipalidad de Luque.
La Fiscalía había iniciado la investigación penal tras un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en agosto del 2018.
La cartera antilavado reportó operaciones sospechosas con relación a González Daher y su hijo Óscar González Chaves, que no coincidían con las ganancias declaradas como producto de su actividad económica.
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Este miércoles el juez Humberto Otazú debía analizar el pedido del Ministerio Público de elevar la causa a juicio oral y público.
Juez intima a la Fiscalía
El juez Otazú explicó que el Ministerio Público puso a conocimiento del Juzgado que “sigue recepcionando la documentación que se había solicitado antes de la presentación de la acusación”.
En ese sentido, señaló que tuvo que suspender la audiencia ya que el Código Procesal Penal establece que todo el expediente tiene que ser puesta de manifiesto para que las defensas puedan examinarlo.
Asimismo, indicó que el Juzgado intimó a la Fiscalía a que remita la documentación en un plazo no mayor de 72 horas en días hábiles, según informó el periodista de Última Hora Elías Honzi.
Tanto Óscar González Daher como su hijo tienen arresto domiciliario desde julio tras la revisión de medidas solicitada por la defensa luego del cambio del artículo 245 del Código Procesal Penal.
La Fiscalía consideró que no había peligro de obstrucción a la investigación, pero sí de fuga. Sin embargo, no apeló la decisión del magistrado.
Además, el ex legislador colorado irá a juicio oral y público por el caso de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). En ese caso está procesado por tráfico de influencias y asociación criminal.
