El esposo –antes de ser juez– aparecía en las fotos del equipo de apoyo político, no solo de Bogarín, sino que también de Gerardo Bobadilla, cuando ambos hacían campaña para asumir en el Consejo de la Magistratura.
Meses después, Mendoza asumió como magistrado.
El año pasado, la Corte ordenó auditar la gestión del juez, quien habría dictado una llamativa resolución en una causa de narcotráfico.
Es que, pese a que la Fiscalía se opuso, Mendoza dispuso que María Arguello, alias La viuda, con condena de 14 años, pase las fiestas en su casa y el hecho llamó la atención de los ministros de la Corte.
En cuanto a la jueza de Paz, Nathalia Garcete, ahora implicada en un supuesto esquema de estafa con pagarés, habría dictado un total de 97 resoluciones “en violación de la ley”, según la Corte.
Esto ocurrió entre el 2022, 2023 y 2024, luego de que “empresas de cobranzas” promovieran demandas de acción preparatoria de juicio ejecutivo sobre pagarés o falsos o ya saldados.
DIRECTOR Y SECCIONALERO. También entre los procesados con vinculación política está el ujier del Juzgado de Paz de La Encarnación, Alfredo René Benítez, quien también es director de Anticorrupción de la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa).
Incluso, figura como presidente de la Seccional Colorada N° 44, por el movimiento Honor Colorado (HC).
La sospecha en su contra es que, siendo ujier, en más de 50 expedientes “habría informado falsamente sobre notificaciones para que comparecieran deudores a reconocer firmas”.
Estas víctimas nunca fueron notificadas, y no se presentaron a reconocer sus firmas, por lo que se tomó por verdaderos los pagarés (falsos o ya saldados), y terminaron con embargos.
Las cédulas de notificación tenían “informes falsos” de que supuestamente fueron practicadas en la misma fecha y hora en diferentes ciudades, como San Ignacio, Misiones, Asunción, Limpio, Luque, Villa Elisa, “no siendo ello posible por la distancia”, según la Fiscalía.
ADMITEN CAUSA. De los cuatro grupos de imputados que presentó el Ministerio Público en la causa de mafia de los pagarés, el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, ya admitió la imputación con relación a los dos primeros.
En estos dos grupos están imputados, junto con otras 30 personas, los jueces de Paz Carmen Analía Cibils (Juzgado La Encarnación) y Víctor Nilo Rodríguez (Juzgado de Recoleta).
Ya el juez comunicó al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) la apertura de la causa criminal en contra de ambos magistrados.
Estigarribia fijó la audiencia de imposición de medidas desde el 22 de abril en adelante, todos los días. La Fiscalía, entre otras cosas, había pedido la prohibición de salir del país.
En cuanto a los otros dos grupos de imputados, el Ministerio Público sigue sin remitir los expedientes al juez Humberto Otazú, quien debe decidir si admite la causa.
