El operativo se llevó a cabo después del mediodía y estuvo encabezado por el fiscal Javier Ibarra, quien procedió a detener a Édgar Soto, quien sería funcionario del estudio jurídico Caballero y Asociados y es el sindicado como la persona que supuestamente solicitó la suma de G. 100 millones al propietario de una firma dedicada al rubro de las capacitaciones en nombre de la institución estatal.
De acuerdo con los datos preliminares, la firma afectada imparte cursos de capacitación en todo el país mediante el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal).
El representante del Ministerio Público señaló que el denunciante, identificado como Óscar Leguizamón, recibió una llamada del ahora detenido solicitándole inicialmente la suma de G. 15 millones para seguir contando con los contratos.
Leguizamón había accedido al pago de la suma requerida, pero posteriormente ese monto fue elevado a G. 100 millones. Fue así que el afectado recurrió al Ministerio Público, que dio apertura a una investigación.
“La entrega material del dinero es la culminación del proceso, falta determinar quiénes serían los autores intelectuales ya que el detenido es solo un intermediario. Tenemos filmaciones y grabaciones de todo el procedimiento previo a este hecho”, manifestó a NoticiasPy.
Según indicó, el propietario de la firma jurídica es funcionario del Instituto de Previsión Social (IPS) y se investigará su vinculación con la presunta red de extorsionistas.
