La comitiva estuvo integrada por los diputados José Domingo Adorno (ANR-Alto Paraguay) y Néstor Castellano (ANR-Central), quienes acudieron al lugar tras una denuncia presentada por la ciudadana Natividad de Jesús Ruiz Díaz.
Según la denunciante, peones vinculados a la empresa Atenil SA, al servicio de la denominada Secta Moon, habrían incurrido en diversas acciones intimidatorias en su contra, incluyendo amenazas de muerte.
Durante la visita, los legisladores manifestaron preocupación por la aparente falta de intervención de las autoridades locales.
En ese sentido, el diputado Néstor Castellano expresó su indignación por lo que calificó como una “nula actuación de la Policía Nacional, la Fiscalía y el Juzgado”, ante las denuncias formuladas.
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“Nuestra presencia en este lugar pretende constituirse en un puente para llegar a la justicia”, señaló el parlamentario.
De acuerdo con la denuncia, personal de Atenil SA, encabezado por Pedro Guillermo Franco Vázquez, habría ingresado en reiteradas ocasiones durante la noche a la propiedad de Ruiz Díaz para sustraer distintos bienes, entre ellos utensilios domésticos y animales de cría como ovejas, cabras y vacunos.
La denunciante también relató que el pasado 20 de febrero, alrededor de las 05:00, unas diez personas llegaron hasta su domicilio con una retroexcavadora, escoltadas por efectivos de la Policía Nacional, bajo el mando del oficial Jorge Cuéllar.
Según indicó, el objetivo era destruir un tajamar ubicado frente a su vivienda, recurso que –según explicó– es fundamental para la cría de peces y el abastecimiento de agua para sus animales.
Atenil SA desarrolla en la zona proyectos vinculados al desarrollo social y la producción sostenible. No obstante, pobladores denunciaron ante la comitiva parlamentaria y la Comisión de DDHH de una presión para abandonar sus propiedades.
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Tras escuchar los testimonios de los afectados, los diputados se comprometieron a solicitar informes a diversas instituciones del Estado para esclarecer las denuncias presentadas por Ruiz Díaz y otras personas que aseguran atravesar situaciones similares en la comunidad.
Demanda. Por su parte, la firma Atenil SA había realizado una denuncia en contra de Natividad de Jesús Ruiz Díaz Franco, oriunda de Juan León Mallorquín, Alto Paraná, y el Juzgado Penal de Garantías de Puerto Casado dispuso medidas alternativas a la prisión preventiva a la imputada por la presunta comisión de coacción y coacción grave, en el marco de una causa relacionada con un conflicto ocurrido en el km 83 de la ruta bioceánica, según reza parte del documento emanado del juzgado de Puerto Casado.
De acuerdo con la resolución judicial del 5 de marzo de 2026, la imputación fue presentada por el Ministerio Público tras un incidente ocurrido el 20 de febrero, cuando supuestamente la mujer habría impedido trabajos de alambrado y limpieza realizados por personal de la empresa Atenil SA, incluso incendiando parte de un acoplado y amenazando a trabajadores.
Tras la audiencia, el juzgado resolvió suspender la ejecución de la prisión preventiva y aplicar medidas cautelares, entre ellas la obligación de presentarse mensualmente ante el juzgado, la prohibición de salir del país y de acercarse a la propiedad de la empresa y a su personal mientras dure el proceso.
Asimismo, se levantó la orden de detención fiscal previamente dictada y se fijó una audiencia para que la imputada comparezca ante el juzgado y firme el acta correspondiente al cumplimiento de las medidas impuestas.
El proceso continuará con la investigación de los hechos denunciados para determinar las responsabilidades correspondientes.
