La decisión sobre esa posible incautación, que también afectaría a uno de los hijos del mandatario, el concejal Carlos Bolsonaro, deberá ser tomada por el fiscal general, Augusto Aras, responsable de la investigación, que es supervisada por el juez Celso de Mello, instructor del caso designado por la Corte Suprema.
El magistrado, en una nota dirigida a la Fiscalía, explicó que los pedidos de incautación de los teléfonos móviles de Bolsonaro y su hijo fueron presentados por algunos parlamentarios sobre la base de noticias publicadas en la prensa local.
“La pretensión investigadora del Estado impide que los órganos públicos competentes ignoren aquello que se apunta en una ‘notitia criminis’”, señaló el juez en esa nota, con lo que sugirió que está inclinado a la aprehensión de los teléfonos, aunque la decisión será tomada finalmente por la Fiscalía General.
Gobierno considera “inconcebible” que puedan incautar teléfono de Bolsonaro
El Ministro de Seguridad, Augusto Heleno, consideró que “la solicitud de la incautación del teléfono celular del Presidente es inconcebible y, hasta cierto punto, increíble”.
El funcionario del Gobierno de Bolsonaro hizo una “advertencia” a las autoridades de otros poderes de que “esa actitud es un intento evidente de comprometer la armonía entre las potencias y podría tener consecuencias impredecibles para la estabilidad nacional”.
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La investigación intenta determinar si Bolsonaro presionó o intentó interferir en las acciones de la Policía Federal, órgano autónomo que depende del Ministerio de Justicia, cuyo ex titular, el antiguo juez Sergio Moro, renunció el mes pasado y denunció esas supuestas “injerencias políticas” del gobernante.
Según Moro, quien obtuvo reconocimiento como juez de la operación anticorrupción Lava Jato, esas presiones fueron “explícitas” en una reunión que Bolsonaro celebró con parte de sus ministros el pasado 22 de abril, días antes de su renuncia al Gobierno.
Esa reunión fue grababa en un video que el magistrado Celso de Mello ordenó que fuera entregado por la Presidencia a la Justicia.
Ese video, según han dicho fuentes de la investigación citadas por medios locales, contendría algunos comentarios del gobernante que, efectivamente, pudieran incriminarlo.
Bolsonaro, por el contrario, sostiene que en esa grabación no hay nada que lo comprometa y admite que, aunque se refirió a asuntos de seguridad relativos a su familia, en ningún momento hizo alusión a la Policía Federal.
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Una de las sospechas que recae sobre el mandatario es que habría presionado a Moro a sustituir a la cúpula de la Policía Federal y a los responsables de ese organismo en Río de Janeiro, porque estarían investigando irregularidades que pueden salpicar a sus hijos Carlos, el concejal, y Flavio, que ocupa un escaño en el Senado.
De hecho, esos cambios que exigía Bolsonaro en la dirección de la Policía Federal ocurrieron inmediatamente después de la renuncia de Moro.
El video de la reunión ministerial requerido por Moro y entregado por la Presidencia está en manos de Celso de Mello, que analiza la posibilidad de divulgar su contenido total o parcialmente.
