La Aduanas informó este viernes que la empresa Imedic SA, dedicada a importar insumos médicos, fue condenada en un sumario administrativo abierto por la infracción aduanera de contrabando y se le impuso una multa de G. 5.458 millones.
El comunicado detalla que la responsabilidad derivada de los hechos se extiende a los representantes legales, Patricia Ferreira y Nidia Godoy, el despachante Néstor Ramírez y el agente de transporte Jorge Apodaca.
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La condena fue resuelta por un juez sumariante, teniendo en consideración las pruebas de cargo y de descargo y dictó resolución calificando la situación de las mercaderías en infracción aduanera de contrabando, responsabilizando de la comisión de esta infracción aduanera a la firma Insumos Médicos.
Sin embargo, la condena aún no está firme, por lo que puede ser apelada ante el Director Nacional de Aduanas.
El caso
En abril de este año se oficializó ante la Administración de Aduanas del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi el Despacho de Importación 20002IC04006850J, en el cual se declaró medicamentos para uso en medicina humana.
Se trata de unas 3.000 unidades de Docetaxel 20 miligramos. Sin embargo, en el proceso de verificación de las documentaciones de origen (Brasil) y otras documentaciones presentadas por la importadora, el servicio aduanero constató que las mercaderías exportadas por la proveedora del Brasil consistían en el medicamento denominado Pramipexol 1,5 miligramos 30CPR C1, según el Despacho de Exportación 20BR0004597875.
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El hecho fue comunicado a la Dirección Nacional, que en forma inmediata ordenó la conformación de un grupo técnico de trabajo para la revisión de doce despachos de importación consignados a la firma Insumos Médicos SA tramitados durante los ejercicios fiscales 2018, 2019 y 2020.
De acuerdo con el informe, en el proceso de revisión documental de los despachos de importación correspondientes a 2018 y 2019, se constató que los medicamentos importados por la firma Insumos Médicos no se correspondían a los autorizados por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y que estaban amparados por facturas falsas supuestamente emitidas en Brasil.
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Esta irregularidad fue confirmada por la firma Eurofarma Laboratorios SA, la cual informó que dichas facturas no fueron expedidas por la empresa con sede en Brasil.
También se constató que la mayoría de los medicamentos importados en el lapso de referencia son de origen India y de otros países no autorizados por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria.
Por el mismo caso, la Fiscalía imputó a Patricia Ferreira, Nidia Godoy y Néstor Ramírez por asociación criminal, uso de documentos falsos y comercialización de medicamentos no autorizados.
El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, canceló el registro sanitario de al menos cinco de esos fármacos oncológicos que eran comercializados por la empresa perteneciente al clan Ferreira, así como el retiro del mercado y la disposición final de todos los productos señalados.
