La docente Laura Bogado, quien está comisionada desde Hernandarias a una localidad del Departamento del Guairá, fue quien realizó la denuncia de manera pública y aseguró que era constantemente amenazada, supuestamente por la supervisora Elva Villalba.
Denunció que recibía la presión de que si no pagaba G. 9 millones a la supervisora, esta podría quitarle del rubro docente.
A través de un trabajo realizado por periodistas de la capital del país, la supervisora admitió el hecho y manifestó que habría una mafia en la dirección departamental de Educación. Sin embargo, se rectificó ante una escribanía de Villarrica, donde aseguró que no se dio cuenta de lo que dijo y que estaba mal de salud.
A raíz de la grave denuncia contra la supervisora, el MEC dispuso un sumario administrativo y ordenó una investigación a cargo de un fiscal de Educación.
La directora departamental de Educación, Milena Alonso, reveló en una conferencia de prensa que solicitó inmediatamente la intervención de la cartera estatal de educación para determinar la veracidad de la denuncia.
Señaló además que desconoce si existe o no una rosca mafiosa en la institución, motivo por el cual que pidió la intervención del MEC.
Así también, explicó que la docente afectada no le comunicó en ningún momento acerca de la situación, y que la misma será entrevistada por los fiscales del MEC, quienes elevarán los informes a la cartera estatal.
La supervisora Villalba había presentado un certificado médico, por lo que no se presentó a su lugar de trabajo por reposo.
