El escenario energético global y nacional está cambiando muy rápidamente. La concesión de subsidios a grandes corporaciones transnacionales, incluyendo centros de datos de inteligencia artificial, plantas de hidrógeno verde y la criptominería, se encuentra bajo un importante escrutinio.
En Paraguay, la discusión ya no debe girar en cómo utilizar los excedentes de energía, sino en los costos económicos y de oportunidad, en las potenciales inequidades socioeconómicas, en las externalidades negativas, en la sostenibilidad fiscal que los subsidios conllevan y en la falta de mecanismos de evaluación que garanticen un beneficio neto positivo para el desarrollo del país y la calidad de vida de la población.
Algunos reportes señalan que el costo técnico actual de la ANDE ronda los USD 45 por megavatio hora (MWh), monto que supera ampliamente los precios que pretende una corporación multinacional. La diferencia de la tarifa se convierte en un déficit operativo para la empresa estatal que será pagado de alguna u otra forma por los usuarios residenciales y por las empresas paraguayas que en cerca del 90% son micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y que al final son las que más empleo generan.
Cuando se calculan los costos, hay que incluir también los costos de oportunidad. ¿Cuál es el sacrificio que deberán hacer la industria paraguaya y las mipymes, cuántas empresas dejarán de abrirse o ampliarse por el costo alto de su energía eléctrica?
El déficit, además, erosionará la capacidad de inversión de la ANDE en un momento crítico. El país requiere de forma urgente millonarias inversiones para fortalecer sus redes de transmisión y distribución, cuya fragilidad se manifiesta crónicamente en apagones. Los cortes de energía también tienen sus costos en pérdidas de insumos, necesidad de compra de generadores y gasto en combustibles para el uso.
El segundo punto crítico de este debate radica en la regresividad e inequidad social que se origina con un subsidio. Se crea una importante asimetría en la que la ciudadanía, las mipymes y las industrias locales terminan subsidiando la rentabilidad de grandes corporaciones internacionales.
Probablemente, la mayor deficiencia del modelo de atracción de inversiones basado en subsidios energéticos y tributarios es la carencia de marcos metodológicos rigurosos de evaluación ex ante y ex post y con mecanismos de difusión de los resultados. Los argumentos “transferencia tecnológica”, “desarrollo industrial” o “generación de empleo” se convierten en promesas ya que el Estado paraguayo no realiza evaluaciones del cumplimiento de estos objetivos.
Para que un subsidio estatal sea económicamente justificable, debe demostrar fehacientemente que generará un beneficio neto positivo. Esto implica realizar un análisis de costo-beneficio integral que incluya costos económicos y de oportunidad de la energía consumida; el impacto impositivo real considerando la existencia de regímenes tributarios que privilegian a las grandes empresas; los empleos directos e indirectos creados por cada megavatio consumido; las externalidades ambientales y el desgaste de la infraestructura pública.
Paraguay carece de la institucionalidad necesaria para auditar y evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos por las corporaciones al contar con condiciones privilegiadas para ubicarse en el país frente a otras empresas.
Se asume de forma dogmática que cualquier inversión que se instale en el territorio es positiva por el simple hecho de registrarse como inversión extranjera directa (IED). Antes de continuar ofreciendo subsidios es necesario que el país tenga condiciones para evaluar y difundir la información que justifique este sacrificio fiscal.
Urge suspender la concesión de ventajas tarifarias y condicionar rigurosamente cualquier incentivo energético a la creación demostrable de empleo formal, encadenamientos productivos internos y estricta sostenibilidad fiscal y ambiental. El diseño e implementación de mecanismos científicos de evaluación del beneficio neto no es una opción técnica secundaria, sino una obligación política y económica para garantizar que la energía de los paraguayos sea, finalmente, el motor del desarrollo nacional y no para el subsidio a grandes empresas.
