Considerando la información que se viene publicando acerca de las numerosas irregularidades que está develando la nueva administración del Instituto de Previsión Social, IPS, se entienden las carencias y el mal servicio. Es hora de acabar con la impunidad de los politiqueros que durante décadas se han aprovechado de los recursos de la previsional.
En el caso del Instituto de Previsión Social y los diarios descubrimientos de irregularidades se debe reconocer que son muchos los responsables de la grave situación que se está desvelando.
A nivel interno, es evidente que había y, probablemente siga enquistada, una rosca que se beneficia con la corruptela, y a la que no le importa ni le pesa en la conciencia el sufrimiento de los asegurados.
A nivel externo se debe señalar a la clase política, a autoridades y altos funcionarios, a las instituciones que han permitido el saqueo y la precarización de los servicios que la previsión debía prestar y que siguen poniendo en riesgo el presente y el futuro del IPS.
El 25 de junio Última Hora publicaba: “Enterraron USD 20 millones en quirófanos”, y que el IPS acumula inversiones millonarias sin resultados en su intento de modernizar los quirófanos del Hospital Central que hay equipos de alta complejidad adquiridos por alrededor de USD 20 millones permanecen almacenados desde hace cuatro años, luego de que se comprobara que la infraestructura prevista para su instalación no reunía las condiciones necesarias.
Esta es la historia de una cadena de errores, pero sobre todo de negligencia e irresponsabilidad en la administración de los recursos del IPS.
El 17 de setiembre de 2023, ÚH publicaba: “Estructura de los pisos siete y ocho del IPS Central presenta fisuras”, donde se instalarían quirófanos se encontraron serias fisuras y se recomendó no instalar equipos en el lugar. Esto era en el marco de la licitación para el “Reacondicionamiento con suministro e instalación de quirófanos modulares para el bloque quirúrgico central del Hospital Central del IPS” por G. 53.000 millones. Una auditoría demostró que la estructura del séptimo piso no estaba preparada para soportar la carga de los equipos, y en consecuencia, las máquinas con un costo de USD 20 millones quedaron abandonadas, primero en el patio del IPS y luego en contenedores en el área de maquinarias.
Luego, el 3 de julio ÚH publicaba que, en un recorrido, el presidente del Instituto, Isaías Fretes constató que equipos de tres millonarias licitaciones permanecen almacenados por fallas en la ejecución de las contrataciones, en total, los proyectos involucrados representan una inversión de G. 192.669.743.550, entre obras inconclusas, contratos rescindidos y adquisiciones que nunca llegaron a entrar en funcionamiento. Este despropósito atravesó las administraciones de Andrés Gubetich y Vicente Bataglia y fueron ignorados en la gestión de Jorge Brítez.
Asimismo, en IPS “desaparecen cables de obra licitada por G. 69.000 millones”, y también “IPS pagó G. 8.000 millones extra por paneles solares innecesarios”, y en otra área, el jefe de Hemodinamia del IPS, había acusado al consejero José Emilio Argaña de votar en disidencia sin fundamentos la licitación para insumos de Hemodinamia, conocida como el caso Braulio.
Todos los hechos y anteriores situaciones tienen consecuencias y estas se hacen evidentes en la atención que presta la previsional a sus asegurados. Debido a la muy baja remuneración se está dando una masiva migración de enfermeras del IPS hacia Europa, y esto afecta, sin duda, directamente en la atención de los asegurados. ÚH publicaba que al mes unas veinte enfermeras están renunciando.
Por otra parte, por falta de salas solo el 40% de los estudios cardiacos se pueden realizar y para hacerlo deben compartir sala con Neurología y otras áreas e incluso los médicos se quedan fuera de horario para atender la demanda de procedimientos.
Por último, se puede citar la historia de una asegurada que tenía un turno para una ecografía en el Centro de Diagnóstico por Imágenes Meprotec, en el Hospital Ingavi el 30 de junio, pero lo perdió pues no recibió el mensaje de confirmación, luego de esto su nuevo turno fue fijado para el 12 de febrero de 2027, siete meses después.
La cadena de horrores es extensa y ni siquiera están mencionados los fondos jubilatorios depositados en entidades financieras, y la preocupación que al respecto va creciendo. El estado de derecho debe primar y evitar que todas estas denuncias queden una vez más impunes.
