Mencionó que la iniciativa, lejos de proponer una rebaja y simplificación de los trámites, impone mayores gravámenes, y adiciona otros conceptos no previstos en la Ley 281/71 y sus modificatorias.
Además, remarcó que existen una infinidad de propiedades y bienes con titulación irregular, así como sucesiones pendientes, vehículos con contrato privado, cuyos trámites, muchas veces, no son impulsados por la burocracia y el costo que acarrean para la población en general.
“La vigencia del derecho de la propiedad se debilita al instaurar barreras excesivas. Si bien, el presupuesto del Poder Judicial obtiene el 73%, de sus recursos de las tasas judiciales, la ampliación de su cobertura no puede cargarse enteramente sobre los ciudadanos que buscan justicia”, expresó.
Sostuvo que no hay una disminución en los costos como se presenta en la exposición de motivos.
En ese contexto, detalla que, conforme al Código de Organización Judicial, el certificado catastral tiene un costo de G. 50.000, y el certificado de condiciones de dominio de G. 32.288.
Aclaró que da la suma de G. 82.288, y, de acuerdo con el artículo 136 del proyecto, tendrá un costo de 85% de un jornal mínimo diario, es decir, un monto de G. 91.483.
Señaló que la propuesta, modificada por las comisiones entra en confusión de los conceptos sobre los que impone el pago de tasas.
”Crea y desagrega trámites de transmisión de derechos reales que están concatenados unos con otros con el fin de imponer dos tasas para el mismo fin”, manifestó.
Cabe señalar, que la propuesta pretende fusionar tres instituciones: Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia (DAG).
Escribanos. Desde el Colegio de Escribanos del Paraguay, la ex senadora Ana Mendoza de Acha ya había comentado que plantearon 180 modificaciones de los 203 artículos.
Además, lamentó que no se haya instalado una mesa técnica para hablar del tema En una audiencia, se había planteado establecer una mesa de trabajo, lo cual no tuvo eco.
Mendoza sostuvo que todo se centra en el Poder Judicial, y la Corte llevará a cabo “esa doble actividad de ser administrador de justicia y también dedicarse a la parte administrativa”.
Incluso mencionó que, paralelamente, se presentó un proyecto de aumento de tasas judiciales, que hará encarecer el costo de las escrituras.
El escribano Gustavo Benítez, afirmó que si bien es un proyecto “largamente acariciado”, porque su objetivo es solucionar todos los inconvenientes de la propiedad que tiene el país, como las interposiciones, no elimina el problema de fondo.
Cuestionó que todo el control lo tenga la Corte Suprema, incluso en el aspecto económico. “El Poder Judicial consigue con este proyecto quedarse con todas las recaudaciones de las tasas judiciales. Estamos hablando de millones de dólares”, advirtió.
El notario señaló que el proyecto no tuvo un buen manejo desde el principio y lanzó una fuerte crítica al principal diseñador, que es el asesor jurídico de la presidencia, Roberto Ilo Moreno.
Sostuvo que el texto parece una maravilla, porque fue redactado por “juristas de escritorio”, pero que en la práctica será un fracaso.
Agregó que si bien la ley es necesaria, la unificación no era imprescindible. “El problema es que con esta ley, se unifica, pero en el papel, las instituciones seguirán separadas, cada una por su lado”, dijo.
