Fernández explicó que los recursos por royalties (USD 280 millones), por compensación por cesión de energía (USD 265 millones), al igual que por utilidad de capital para la Administración Nacional de Electricidad (USD 53 millones), ya se encuentran dentro del Presupuesto General de la Nacional.
Por lo tanto, quedan los fondos del gasto social, los que deben ser administrados ya sea por medio de un fondo soberano o continuar a cargo de la administración de la Itaipú binacional. El martes último el presidente de la República, Santiago Peña, dejó entrever que esta última sería la alternativa definida, pero no se ha oficializado.
También se especulaba que estos fondos sean introducidos dentro del plan de gastos de la nación. Sin embargo, el mandatario descartó esta intención por parte del Ejecutivo, ya que Peña mencionó que (no corresponde) que esta millonaria suma sea incluida dentro del PGN, ni se someta al control de las entidades controlaras ni del Parlamento.
Cabe recordar que estos fondos serán transferidos solo por tres años más, totalizando así la suma de USD 1.950 millones. A partir del 2027 ya no se tendría dichos recursos, lo que en parte pondría fin a la posibilidad de la discrecionalidad en el uso de los recursos, que no pasan por el control ciudadano, ni de las instituciones.
Asimismo, comentó que la Itaipú también cuenta con procesos de rendición de cuentas para los llamados, aunque admitió es diferente a los que se rigen por la ley de compras públicas, pero resaltó que “también tiene su mecanismo de control”.
“Estamos fortaleciendo todos estos controles, por supuesto con las garantías que yo he puesto ahí personas idóneas en el Consejo Administrativo, que están acompañando cada uno de estos procesos”, mencionó.
El presidente anunció que prevé destinar esos fondos para atención integral de la primera infancia, mayor seguridad, construcción de hospitales, infraestructura vial, mejora del transporte público e infraestructura energética.
