La decisión del BCP de accionar ante la Corte Suprema de Justicia contra la limitación de los pagos extras sorprendió al Ministerio de Hacienda, siendo que aún continúan las negociaciones para buscar una solución a la polémica situación.
El ministro de Hacienda, Benigno López, aclaró en comunicación con Monumental 1080 AM que si bien la banca tiene autonomía para trabajar en las políticas económicas, depende del Fisco para ejecutar un presupuesto.
La asesoría jurídica de la banca matriz accionó contra los artículos 39, 86 y 155 del decreto reglamentario del PGN 2020.
El argumento del BCP es que es un ente autárquico e independiente, financiado con recursos propios (Fuente 30), razón por la cual el Poder Ejecutivo no tendría atribución legal para establecer límites en los gastos de la institución.
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“La Corte es donde se tienen que discutir las cosas, no puedo negar ni someter al BCP que no discuta algo que ellos creen que tienen derecho, si tienen razón, no podemos hacer nada, pero entonces hay que someter todo el gasto ante la Corte y no sé si ellos se van a sentir cómodos sacando una sentencia así”, dijo López.
El titular de la cartera fiscal refirió que no cree que el BCP tenga razón al reclamar mayores beneficios, y que tampoco cree que la Justicia le dará la razón, atendiendo la situación que afronta el país en cuanto al gasto público.
La limitación de los sobresueldos es aplicada por el Gobierno luego de las duras críticas de la ciudadanía por el pago de doble aguinaldo (disfrazado como subsidio familiar) en diciembre del 2019 en varias instituciones –entre ellas Hacienda–, pese a la recesión económica y la caída de los ingresos tributarios.
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A través del decreto reglamentario, el Fisco limitó hasta un salario mínimo (G. 2.192.839) y dependiendo de la disponibilidad de recursos de cada institución, el pago por cada concepto incluido en el subsidio familiar, solo una vez al año.
En el Banco Central del Paraguay (BCP), por ejemplo, se pagaba una ayuda educacional de G. 12 millones al año, mientras que en Hacienda se abonaba cerca de G. 10 millones en concepto de ayuda familiar, vacacional y alimenticia.
