09 oct. 2024

Sistema de puerta giratoria es una forma de corrupción

La corrupción y la ineficiencia del sector público pueden tener múltiples formas. Una de ellas es la denominada “puerta giratoria” o también llamada “circulación público-privada”, a través de la cual autoridades, gerentes o trabajadores provenientes del sector privado entran al sector público o viceversa. Este tránsito genera riesgos, pues pueden beneficiar a un sector o en el peor de los casos a su propia empresa y cuando salen se van con información privilegiada, que atenta contra los principios de la libre competencia. Paraguay necesita regular y penalizar con fuerza este problema cada vez más visible y problemático.

Detrás de la idea de que el sector privado es más eficiente y de que hay que incorporar tecnócratas al sector público se construyen las justificaciones para incluir a trabajadores del ámbito empresarial en el servicio civil. Sin embargo, el riesgo de que los daños sean mayores que los beneficios es alto, y se ha verificado no solo en Paraguay, sino también en otros países. La mayoría de los Estados desarrollados cuentan con una ley que establece normas y castiga su incumplimiento. Por un lado, es necesario reglamentar el conflicto de intereses que pueden tener ex funcionarios con acceso a información privilegiada y por las funciones que desempeñaron.

Por otro lado, hay que considerar el tiempo que debe esperar un funcionario desde que renuncia a su cargo para rehacer su vida en el sector privado.

Este fenómeno es una forma de corrupción, ya que conduce a una captura del aparato estatal hacia intereses particulares que no solo afecta a la gestión pública y el bien común, sino también al funcionamiento del mercado porque pueden generar competencia desleal entre empresas.

Los funcionarios que entran pueden terminar regulando, fiscalizando o actuando a favor de sectores o empresas, mientras que los que salen se llevan consigo un cúmulo de información que pueden explotar —económica y profesionalmente— en su favor, bien sea para conseguir cargos importantes en el sector privado o utilizar en beneficio de determinados sectores económicos.

Casi a diario la prensa informa acerca de adquisiciones sobrefacturadas, incumplimientos de contratos por parte de las empresas proveedoras del sector público, baja calidad de las obras, bienes y servicios contratados, escasa fiscalización de ellos. Sin embargo, esos hechos son solo las consecuencias o los hechos más visibles. Detrás de estos problemas están la corrupción pública y privada, el tráfico de influencias, la puerta giratoria, la colusión y la ausencia de una carrera del servicio civil. Algunos de estos problemas son delitos que generalmente quedan sin penalizar; por lo tanto, como causa primera se encuentra la impunidad.

Si a esto le agregamos vacíos regulatorios para penalizar actos que contribuyen a estos problemas, en lugar de tratar de mejorar se generan obstáculos para el crecimiento económico a corto plazo y para el desarrollo a mediano y largo plazo. El fenómeno de la “puerta giratoria” se encuentra entre los vacíos.

El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben coordinar con urgencia la elaboración de un proyecto de ley basado en la experiencia de otros países y aprobar la normativa que prevenga conductas inadecuadas y castigue a quienes no la cumplan.

El Poder Judicial tiene un fuerte compromiso. La seguridad jurídica es un pilar central del desarrollo y del buen funcionamiento de las instituciones públicas y privadas. Paraguay debe salir de las zonas grises en las que está y ascender en los índices que miden el bienestar y para eso se requieren fortaleza institucional y una lucha frontal contra la corrupción.

Más contenido de esta sección
Un proyecto que buscaba modificar el Código Penal para evitar que los casos de corrupción prescriban en la Justicia fue rechazado por los diputados y enviado al archivo. Se buscaba endurecer las penas, ampliar el universo de tipos penales, extender plazos para la prescripción y endurecer criterios de medición de la pena para delitos de corrupción pública y privada, con énfasis en la corrupción cometida por funcionarios públicos. El rechazo de esta propuesta parece una verdadera declaración de intenciones.
Mientras el ex diputado colorado Juan Carlos Ozorio opera para obtener una medida sustitutiva a la prisión, la Cooperativa San Cristóbal, de la que fue presidente, siente las devastadoras consecuencias de haber sido una entidad a través de la cual, presuntamente, se puso en circulación el dinero proveniente del tráfico ilegal de drogas. Perdió la confianza y a miles de socios. Es un ejemplo de lo que les sucede a las instituciones cuando falta fiscalización. Si no mejoran los controles, este caso se volverá a repetir, con los mismos funestos resultados.
El hecho de que la mayoría oficialista del senado haya retrocedido en la barbaridad cometida cuando devolvió fueros a senadores previamente desaforados que están siendo investigados por la Fiscalía, puede verse como que enmendaron un error. Sin embargo, una acción que significó el atropello a la Constitución Nacional no debe quedar impune. Los 23 senadores que votaron por devolverle los fueros a Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola, deben ser investigados, pues en un estado de derecho nadie está por encima de la ley.
Hace unos días, fue intervenida una estancia en Fuerte Olimpo, Alto Paraguay, y en el lugar fueron detenidas diez personas de cuyo poder incautaron fusiles AR47 y una avioneta Cessna, además descubrieron una pista clandestina que habría pertenecido a la estructura liderada por el supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y al presunto líder de tráfico de drogas, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico. Resulta insostenible la falta de control del espacio aéreo nacional, ante la impasividad o complicidad de las autoridades.
Aproximadamente, unos 1.300.000 niños y adolescentes paraguayos retornaron a clases en los establecimientos educativos públicos hace unos días, y el escenario que hallaron muchos de ellos ha sido el de una infraestructura deficiente y precariedades. A pesar de que la Constitución Nacional consagra el derecho a la educación, frente a la realidad a la que asistimos, parecen apenas palabras vacías de significado debido a la ceguera de nuestros líderes políticos para anteponer los intereses de la mayoría y apostar por el presente y el futuro del país.
El acceso de los niños a alimentos adecuados y saludables es esencial para garantizar su bienestar físico, intelectual y social. Los programas de alimentación escolar han formado parte de la política educativa desde hace más de un siglo y permanecen en la actualidad, independientemente del nivel de desarrollo de los países y de los ingresos de los hogares. Pero en todos los países el programa se ha planteado de manera integral y tiene alto consenso social. Paraguay no puede ser una excepción. Los cambios planteados solo generaron conflictividad, a la vez de que no garantizarán mejoras sustanciales.