Tras conocerse el fin de semana pasado que tres ciudadanos colombianos procesados por producción de moneda no auténtica se quitaron las tobilleras electrónicas y se fugaron de su arresto domiciliario, el ministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Jiménez Rolón ordenó una auditoría de reacción inmediata y solicitó que se adopten medidas judiciales urgentes.
Los fugados son Jhon Jaider Millán Brand, Jeferson Mauricio Ibáñez Moreno y Carlos Mauricio Jaimes Vargas, quienes fueron imputados en diciembre del año pasado, considerados como “personas muy peligrosas”, según el comisario César Diarte, jefe del Departamento Antinarcóticos.
Se sospecha de que los tres extranjeros formarían parte de una organización internacional denominada Consejo Nacional de Inversores, que en realidad se dedicaría a estafar con la promesa de inversiones.
La auditoría que busca determinar las circunstancias en las que se les otorgaron las medidas alternativas a la prisión a los extranjeros procesados se dispuso ayer, y el trabajo está a cargo de la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional que deberá verificar y elaborar un informe técnico.
Respecto al caso, la ex ministra de Justicia Cecilia Pérez precisó que hay dos puntos que se deben aclarar. Por un lado, si es que el sistema de control sí alertó que se vulneraron las tobilleras electrónicas y, si a partir de ahí, se hizo o no el reporte formal al Juzgado, cuando esto sucedió, lo que da un indicio de que hubo corrupción.
Por otra parte, el segundo punto a confirmar, según Pérez, es directamente que, si “el sistema no funcionó, el camino no funcionó”.
“De cualquier manera, es una falla grave. Y si hay corrupción, es un problema más grave. Si hubo una falla técnica, no va a saber el juez; a él le tienen que informar. Acá se evidencia que no se siguieron todos los controles y que el sistema de fiscalización (de las tobilleras electrónicas) no está funcionando”, expresó la ex ministra.
Antes de lanzarse el uso de las primeras tobilleras electrónicas, el Sistema 911 creó el Sistema de Monitoreo por Dispositivos Electrónicos de Control (Simdec), que hoy está a cargo del control del uso de los aparatos.
Desde dicha dependencia, habían alertado que las tobilleras solo pueden ser removidas con herramientas especiales y que están diseñadas para ser invulnerables ante cualquier manipulación indebida. Sin embargo, eso no sucedió.
Pérez consideró que si el sistema es vulnerable, se va a perder la credibilidad en los aparatos y que, incluso, las víctimas de los sospechosos procesados se van a ver afectadas.
