El senador Alfonso Noria (ANR-HC) salió al paso de las declaraciones de Óscar Orué, titular de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que lo responsabilizó de una supuesta presión política tras el cierre de locales comerciales que no emitían facturas en Curuguaty, Departamento de Canindeyú.
El legislador admitió que realizó una llamada a Orué, pero negó que lo haya amedrentado.
“Yo soy una persona que habla fuerte, no soy una persona que habla despacio, así que bueno, si él (Orué) quiere tomar mal, que tome mal, es su problema”, expresó en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
Noria justificó su llamada para salir en defensa de los locales intervenidos, afirmando que no emiten facturas por desconocimiento.
Además, pidió al titular de la DNIT que impulse campañas de “un mes o quince días” para que los comerciantes del interior puedan facturar y pagar sus impuestos.
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🔴 Senador niega haber amedrentado a Orué: "Solo cuestionamos su actuación en el interior del país"
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) August 29, 2025
👉🏼 El director de la DNIT, Óscar Orué, manifestó que el legislador Alfonso Noria lo llamó y lo presionó para reabrir tres locales que habían sido cerrados en Canindeyú por no… pic.twitter.com/OwP5tvyTvt
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“Nosotros sabemos que una orden judicial se tiene que respetar y yo conozco la ley. Solamente nosotros cuestionamos su actuación en el interior del país, principalmente en nuestro departamento, Canindeyú”, agregó.
El senador que asumió la banca dejada por Gustavo Leite negó que su actuación se enmarque en el tráfico de influencias, afirmando que su intención fue “ayudar para que el Estado pueda recaudar sin perjudicarle a la gente”.
Denuncia por enriquecimiento ilícito
El político colorado Alfonso Noria es profesor de Educación Física de profesión y apareció en la arena política en el 2006, cuando fue electo como intendente de Curuguaty, como parte de la línea política de Nicanor Duarte Frutos y Julio Colmán.
Desde el 2015 soporta una causa por enriquecimiento ilícito y declaración falsa que se encuentra paralizada. El caso fue impulsado por evidencias señaladas por la Contraloría General de la República (CGR), que tras un análisis patrimonial se encontró con un crecimiento no justificado de G. 2.389 millones entre 2008 y 2012.
En 2013 encaró la Gobernación de Canindeyú con el equipo de María Cristina Villalba, gobernadora del periodo anterior, que se encontraba en campaña para la diputación. Villalba fue señalada por omitir denuncias de narcotráfico en La Paloma, de donde es originaria y por tener nexos con Vilmar Neneco Acosta Marques, ex intendente de Ypehú, condenado como autor intelectual por el crimen del periodista Pablo Medina.
