La mesa directiva de la Cámara de Senadores realizó una reunión el lunes junto con líderes y vicelíderes de bancadas donde recibieron a Iván Ojeda, director del INE, para tratar cuestiones del Censo Nacional 2022.
El legislador liberal Lucas Aquino participó en la víspera y mencionó que, en efecto, luego los senadores resolvieron solicitar al Instituto Nacional de Estadística la rendición de cuentas y de todos los materiales que se adquirieron en el proceso del censo.
“También se aprobó un pedido que insta a la Contraloría a realizar una auditoría al INE de todo lo que realizó en el censo”, expresó a Monumental 1080 AM.
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Dijo que pidió la intervención de la Contraloría General de la República de inmediato, que se aprobó enviar una resolución que inste a la institución a auditar el INE y que el presidente del Senado, Óscar Cachito Salomón, debe remitir el escrito.
Cuestionó que se gastó mucho dinero en la adquisición de materiales en vez de pagar a los censistas. “Eso fue un error del censo que tuvo que haber saltado en las pruebas precensales”, vertió.
El Censo 2022 registró una masiva deserción de censistas en Asunción y Central, situación que afectó el normal desarrollo de las encuestas y provocó una lluvia de reclamos de ciudadanos que no fueron censados. Posteriormente, se desarrollaron dos jornadas de recuperación de datos el fin de semana y continúa esta etapa por 15 días en zonas urbanas y rurales.
En 2021 se aprobó un préstamo con el BID por USD 43 millones para llevar a cabo el censo. Sin embargo, no se previó el pago de viáticos anticipado para la fecha de la realización.
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El INE informó este martes que el pago a los censistas y supervisores voluntarios del pasado 9 de noviembre se hará una vez que finalice la revisión de la lista.
Ojeda manifestó en la reunión con los senadores que para la realización del censo necesitaban 210.000 personas, inicialmente, y cerraron la plataforma con 290.000 inscriptas, siendo así un viático que va desde G. 200.000 para cada supervisor y G. 100.000 para cada censista en zonas urbanas, según el portal de la Cámara Alta.
Para zonas rurales el pago para el censista es de G. 500.000 y para el supervisor es de G. 1 millón.
