La Cámara de Senadores postergó por ocho días el proyecto ley que establece prohibiciones e incompatibilidades aplicables a los altos cargos y previene el conflicto de intereses en la función pública.
Si bien, el pleno del Senado se constituyó en comisión para consensuar entre las versiones del proyecto, finalmente —por pedido del senador Ramón Eusebio Alvarenga— se decidió postergar nuevamente su estudio con el fin de afinar y delimitar los alcances de la normativa. El estudio del proyecto viene dilatándose desde hace un tiempo.
El polémico proyecto fue presentado por el senador Derlis Osorio, pero desde el Partido Patria Querida se presentó otra versión, que finalmente fue unificada por una mesa técnica, la cual fue punto de debate durante la sesión ordinaria de este jueves.
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El documento tiene por objeto prevenir el conflicto de intereses, imponiendo restricciones, durante un periodo de un año, a las actividades profesionales de aquellas personas que ocupen alto cargos, sobre todo de supervisión y control, sean contratadas en el sector privado, previniendo el conflicto de intereses tanto en su ingreso a la función pública o su egreso.
Debate sobre inconstitucionalidad del proyecto
El proyectista Derlis Osorio argumentó que el mecanismo de las puertas giratorias afecta el libre mercado y que existen muchísimos casos que se pueden mencionar, donde se dieron estos conflictos tanto a nivel nacional e internacional, por lo que esta cuestión está regulada en varios países.
La senadora del PPQ, Georgia Arrúa, señaló que la normativa no implica persecución a ninguna facción política y más bien “busca proteger la libre competencia y evitar los privilegios y limitar que se falte a la confidencialidad”.
Sostuvo que se establece un plazo, porque las políticas públicas varían y tienen plazos que, una vez culminados, ya no existiría un conflicto de interés. Añadió que tampoco se pretende prohibir el trabajo, porque se limita solamente al área de acción en la que el funcionario trabajaba en la función pública.
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El legislador del Frente Guasu Jorge Querey recalcó que especialmente el sector financiero es el más afectado de este hecho, donde se accede a información privilegiada.
Por su parte, el senador cartista Sergio Godoy mencionó que esto desalentará el ingreso de los profesionales técnicos en la función pública.
“Acá si no robás y no transás no conviene entrar en la función pública. No es tan fácil agarrar y cerrar el trabajo. Para los que roban es fácil llevar toda la plata y luego se van a escribir libro, no sé, pero al que necesita trabajar y darle de comer a su familia sí le afecta”, indicó.
En el mismo sentir se pronunció el senador Enrique Riera, quien señaló que en la mayoría de los países donde se aplicaron este tipo de leyes no hay prueba, ni vínculo de la intención de causar el daño por parte del trabajador.
“Lo que se pretende (aprobar) es una tontería. Esto no impedirá la provisión de datos confidenciales, de ninguna manera se va a dar eso. Por un lado, es un total vyrorei (tontería) y por el otro lado es inconstitucional”, acotó el senador Juan Carlos Galaverna.
Cementera de Cartes, un ejemplo de puertas giratorias
La senadora del FG Esperanza Martínez señaló que un caso de puertas giratorias es el ocurrido en el 2016. “Siendo presidente Horacio Cartes, recibe visita de inversionistas italianos con la propuesta de instalar una industria cementera en el Norte”, recordó.
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Sostuvo que la reunión fue encabezada por el entonces presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), Jorge Méndez. Sin embargo, los inversionistas no pudieron instalarse debido a que el ex presidente tomó información privilegiada y constituyó Cementos Concepción (Cecon).
“Sabemos que alguien puede pasar estos datos por una esquela, pero esto es descarado, le sacaron a un inversionista, tomaron información privilegiada y el mismo presidente de la institución se fue a ser gerente. Esto es tráfico de influencias y puerta giratoria”, afirmó.
Asimismo, el senador Hugo Richert manifestó que se trata de una gota en medio de un mar de corrupción y que actualmente no es necesario salir de la función pública para dar información. “Hay ministros que trabajan directamente en complicidad y operando para grupos empresariales que se enriquecen de esa manera”, alegó.
