La Cámara Alta sesionará este miércoles y entre entre los temas principales figuran los proyectos de ley relacionados con la Caja Parlamentaria y la iniciativa que plantea suprimir el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, para funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política.
La Cámara Baja ya dio media sanción al proyecto que modifica la jubilación parlamentaria estableciendo que la jubilación extraordinaria se podrá dar con solo 10 años de aportes, es decir dos periodos legislativos y a los 55 años de edad, percibiendo el 60% de sus dietas más los gastos de representación.
Con este documento, el aporte mensual obligatorio de los legisladores aumenta del 20% al 24% de la dieta mensual y los gastos de representación. También, se elimina el aporte estatal al prohibir “subsidio, garantía o respaldo financiero del Estado en cualquiera de sus formas al patrimonio o al funcionamiento del fondo”.
El proyecto estaba siendo analizado en la sesión del 25 de marzo hasta que se pidió la postergación de su estudio. En esa sesión, Blanca Ovelar propuso que la cantidad de aportes debería ser como mínimo de 15 años, es decir 3 periodos, para la jubilación extraordinaria de manera a que la Caja sea más sostenible. En cuanto a la jubilación ordinaria, sugirió que sean de 4 periodos como mínimo de aportes.
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Varios legisladores señalaron que no será viable continuar con la Caja Parlamentaria y abogaron por su eliminación tal como plantearon sin éxito los diputados Raúl Benítez y Johanna Ortega.
Eliminar bonificaciones
En el punto siete, figura nuevamente el proyecto de ley que suprime el pago de bonificaciones para cargos de conducción política durante el ejercicio fiscal 2026 que había sido postergado en la sesión anterior para un mejor análisis. También se incluye el proyecto denominado “A ley pareja nadie se queja”, presentado por el senador Enrique Salyn Buzarquis.
El primero fue presentado por el presidente del Congreso, Basilio Núñez, quien tras ser descubierto que se autoasignó una bonificación de más de G. 21 millones durante casi un año, terminó renunciando al cobro e impulsó una iniciativa orientada a eliminar este tipo de asignaciones en los tres poderes del Estado, alcanzando a autoridades como senadores, diputados, presidente y vicepresidente de la República, ministros del Poder Ejecutivo, miembros del Poder Judicial, así como titulares de entes y organismos de control.
Por su parte, Buzarquis propone establecer un tope máximo de remuneración para el sector público, de modo que ningún funcionario, sin importar la jerarquía, cargo o modalidad de vinculación, perciba ingresos totales superiores a los del presidente de la República.
La iniciativa también plantea eliminar beneficios que no guarden relación directa con las funciones del cargo, como seguros médicos, vehículos asignados sin justificación, choferes no esenciales, combustible sin límites razonables y la cobertura de gastos personales.
Asimismo, contempla una reducción del 50% en rubros como gastos ceremoniales, papelería, viáticos nacionales e internacionales, alquileres de inmuebles, servicios gastronómicos, catering y organización de eventos.
El alcance de la ley se extendería a todos los organismos y entidades que administren recursos públicos, también las binacionales Itaipú y Yacyretá.
