La Cámara de Senadores aceptó la versión propuesta por la Cámara de Diputados y sancionó el proyecto que modifica el artículo 112 inciso x) y el artículo 113 inciso g), de la Ley Nº 5016/2014 Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.
La normativa establece en un inciso como falta grave la conducción en estado alcoholizado desde 0,200 a 0,250 mg/l y 0,400 a 0,500 g/l de CAS (gramos de alcohol por litro en la sangre).
En otro inciso del artículo 113 plantea como falta gravísima el estado de intoxicación alcohólica desde 0,251 mg/l a 0,399 miligramos de alcohol por litro de aire exhalado o desde 0,501 a 0,799 de CAS, con lo que finalmente se establecen los parámetros para sancionar penalmente a conductores alcoholizados.
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Superado el límite mencionado, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público para la persecución penal y aplicación de la pena conforme lo establecido en la ley.
El proyecto se había presentado ante la necesidad de resolver la laguna jurídica existente al no determinarse un parámetro entre una falta administrativa y un delito, ya que actualmente la Ley de Tránsito no establece el límite máximo de la falta gravísima.
En principio la Cámara de Diputados estableció un sanción penal para el que condujera en la vía pública un vehículo en estado de intoxicación alcohólica igual o superior a 0,800 miligramo de alcohol por litro de aire exhalado y 1,600 de gramos de alcohol por litro de sangre, ingestión de sustancias estupefacientes o sicotrópicas legales o no, de hasta dos años de pena privativa o con multa. Pero este párrafo fue eliminado por la Cámara de Senadores.
Seguirán controles de alcotest
En mayo pasado, el Senado aprobó el documento introduciendo una modificación en el artículo 2 de la Ley 5016/2014 que pretendía eliminar los controles aleatorios de alcotest a conductores. Lo que en una segunda vuelta en Diputados fue rechazado.
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En este último estudio al proyecto, los senadores necesitaban 23 votos para mantener este texto, pero finalmente el pleno aceptó dejar el documento como lo había devuelto Diputados. La normativa pasa al Poder Ejecutivo para su veto o promulgación.
