Senadores opositores y de la disidencia colorada lograron obtener 24 votos para ratificarse en su versión y sancionar el proyecto de ley sobre las modificaciones a la Ley General de Tránsito y Seguridad Vial durante la sesión ordinaria de este jueves. Pasa a consideración del Ejecutivo.
Uno de los puntos más resaltantes del texto es que se sacan privilegios a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci). La versión de la Cámara de Diputados era contraria a esa medida.
“Queremos que el intendente no sea un pasamano de un cobro indebido que se le saca al ciudadano común cada vez que saca o renueva su licencia”, expresó el senador Eduardo Petta.
Explicó que, con el registro de licencias de conducir, la Opaci se quedaba con un monto de G. 30.000 millones al año. Consideró que los jefes comunales no tienen la obligación de realizar ese aporte a una organización no gubernamental (ONG).
“La cuota social se puede presupuestar y que pongan un monto a transferir a la ONG para que siga vigente y pueda subsistir”, refirió al tiempo de agregar que esa organización hasta la actualidad no aportó más que unas charlas a los intendentes.
Los senadores oficialistas y los dos legisladores pertenecientes al Unace argumentaron en contra de la normativa y abogaron por darle autonomía a las municipalidades. La disidencia del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) tomó la misma determinación.
Mientras que el liberal Miguel Abdón Saguier sostuvo que con el artículo 30 de la Ley General de Tránsito y Seguridad Vial, aprobado por la Cámara Baja, se está sacando autonomía a las comunas y se está violando el artículo 170 de la Constitución Nacional.
Dicho artículo refiere: “Créese el Registro Nacional de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, como órgano dependiente y al servicio de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Las funciones atribuidas por esta Ley a este Registro serán delegadas a la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal”.
Con la normativa sancionada se retira de la Opaci las atribuciones y cobro por expedición o renovación de las licencias de conducir. Estos trámites costaban G. 20.000 extras al contribuyente y transferían dicha atribución a la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
