Durante la sesión de conformación, fue electo como presidente de la Comisión el senador Rafael Filizzola; como vicepresidente, el legislador Mario Varela y como relatora la senadora Blanca Ovelar.
También integran esta instancia los senadores José Oviedo, Carlos Núñez, Ignacio Iramain, Édgar López y las senadoras Lizarella Valiente y Esperanza Martínez.
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Filizzola informó que las reuniones de la Comisión se realizarán los lunes a las 12:00 horas y que ya definieron algunas prioridades de trabajo, que ya venían siendo analizadas previamente en coordinación con varias instituciones.
“Vamos a seguir recibiendo denuncias de las víctimas para derivarlas a las instituciones competentes, como el Ministerio Público y la Defensa Pública. El objetivo es brindar respuestas efectivas y resolver la mayor cantidad de casos posible”, expresó el legislador.
Entre tanto, anunció que solicitarán a la Corte Suprema de Justicia un informe sobre las medidas que viene adoptando en relación con esta problemática.
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“Sabemos que existen acciones tomadas vía Acordadas. También estudiaremos proyectos de ley que apunten a una mayor trazabilidad de los pagarés, con el fin de evitar su uso múltiple, así como iniciativas orientadas a frenar los embargos a jubilados, entre otras propuestas”, señaló el legislador.
Filizzola advirtió que el abordaje será complejo, ya que los casos deben analizarse individualmente.
“No podemos intervenir directamente en los procesos judiciales, pero sí podemos articular la atención con la Defensa Pública. La solución más efectiva y urgente es que el propio Poder Judicial adopte medidas en los casos donde se detecten irregularidades”, recalcó.
En poco más de un día que se habilitó la plataforma de denuncias por la Comisión especial del Senado, el sistema recepcionó más de 2.000 casos de víctimas de la estafa judicial conocido como el esquema de la mafia de los pagarés.
En la causa se investiga a una red que mediante juicios ejecutivos embargaba salarios a trabajadores con pagarés ya cancelados, mediante juzgados amigos. Una de las primeras que exigen las víctimas es levantar los embargos de sueldos.
En la causa hay al menos seis jueces imputados, además de actuarios judiciales, abogados y representantes de empresas de cobranzas.
