El senador Rafael Filizzola, quien había hecho la propuesta de crear la comisión, confirmó que luego de habilitar un formulario para las denuncias, pudieron constatar 721 casos de presuntas víctimas a los que quieren hacerles el seguimiento.
“El caso es sumamente serio. Hay personas que tienen saldo cero, que prácticamente no están recibiendo nada como ingresos. Son en general personas trabajadoras, así que esto requiere un trabajo minucioso”, explicó Filizzola en la sesión.
Detalló que esta práctica ilícita incluye notificaciones “que nunca llegan”, así como la falta de oportunidad para el reconocimiento de firmas y la ejecución múltiple de los mismos pagarés.
PORCENTAJES. Expuso los porcentajes de lo encontrado. El 39% de las víctimas son del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), en su mayoría docentes, mientras que el 17% son funcionarios del Ministerio de Salud (MSP).
El 77% de las víctimas ya tienen embargos, mientras que el resto está en procesos de ser embargados.
De todos los preguntados, solo el 1% recibió notificaciones en su demanda.
La iniciativa de esta comisión especial fue acompañada por los senadores Basilio Núñez, Natalicio Chase, Rafael Filizzola, Ignacio Iramain, Colym Soroka, Lizarella Valiente, José Oviedo, Eduardo Nakayama, Celeste Amarilla, Esperanza Martínez y Éver Villalba.
CINCO JUZGADOS. Hasta el momento, estarían involucrados cinco Juzgados de Paz de Asunción en los supuestos esquemas de la mafia de los pagarés.
Los jueces Víctor Nilo Rodríguez (Juzgado Recoleta), Gustavo Villalba (Juzgado Catedral 1er Turno), Nathalia Garcete Aquino (Juzgado Catedral 2° Turno), Carmen Analía Cibils (Juzgado La Encarnación) y la ahora ex jueza Liliana González de Bristot (Juzgado San Roque) están imputados por el Ministerio Público.
Se les sindica de haber realizado hechos de prevaricato y falsificación de documentos.
Además de ellos, están procesados actuarios, ujieres, oficiales de Justicia y abogados de las empresas de cobranza.
Según los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, se habrían dictado en total 781 resoluciones en violación de la ley; esto, porque las víctimas no habrían sido realmente notificadas para defenderse.
Las notificaciones debían hacerse para que los deudores comparezcan a reconocer las firmas estampadas en los pagarés; y también estaban las intimaciones para pagar.
