18 jul. 2025

Se deben despejar dudas sobre ternas para fiscalías adjuntas

Los cuestionamientos planteados a las ternas del Consejo de la Magistratura, para completar los cargos vacantes en las fiscalías adjuntas del Ministerio Público, deberían ser considerados una señal de alerta. Varios profesionales cuestionaron directamente a algunos de los ternados y plantearon dudas respecto a los requisitos, méritos y parámetros para las designaciones. No debemos renunciar al ideal de una Justicia independiente, neutral y verdaderamente justa, que sigue siendo un verdadero desafío para nuestra democracia.

En el inicio de la semana, el Consejo de la Magistratura, tras su sesión ordinaria, conformó las ternas para vacancias y cargos en las fiscalías adjuntas del Ministerio Público. Las reacciones frente a alguno de los nombres no se hicieron esperar; estos cuestionamientos responden a que algunos de los que integran estas ternas habían sido criticados por sus actuaciones en causas penales en casos de corrupción pública.

La lista ofrece sin duda un variopinto catálogo entre quienes concursan, figuran, por ejemplo, fiscales cuestionados por sus actuaciones en causas sobre casos de corrupción. Uno de los casos que más han llamado la atención es el de la fiscala Katia Uemura, quien se encuentra bajo el foco de atención por sospechas de vínculos con el narcotráfico.

En diciembre de 2023, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) debió iniciar una investigación sobre la fiscala de Pedro Juan Caballero, luego de la detención de su marido, el abogado Daniel Montenegro Menesez, en el marco de la operación Pavo Real. Ese operativo tuvo el objeto de capturar personas vinculadas al narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão e intervenir empresas ligadas a su organización criminal.

Uemura además ha estado involucrada en varias polémicas, e incluso había sido denunciada por mal desempeño de funciones como representante del Ministerio Público, debido a su presunta parcialidad y por la liberación de peligrosos narcos. En el año 2018, la fiscala de Pedro Juan Caballero debió enfrentar un proceso ante el Jurado por mal desempeño en sus funciones, por, supuestamente, otorgar libertad a dos detenidos con 50 kilos de cocaína en la capital del Departamento de Amambay.

La ciudadanía también debe recordar un vergonzoso hecho, cuando Uemura fue apartada de la investigación del crimen del periodista Humberto Coronel, por haber dicho que el trabajador de prensa no debía “estar regalándose”, tras haber sido víctima de una amenaza en el 2022.

Precisamente sobre las críticas, el Consejo de la Magistratura emitió un comunicado donde explica los criterios que tuvo en cuenta para la conformación de las ternas, y afirman que “analizaron y consideraron los perfiles de cada uno de los postulantes, la evaluación abarcó diversos aspectos relevantes de la trayectoria profesional y académica de los candidatos”.

La Justicia tiene un grave déficit en nuestro país. Vivimos tiempos en los que el equilibrio de poderes está tristemente cuestionado por el copamiento de un sector del Partido Colorado de los poderes del Estado.

Esto se hizo patente el año pasado con una investigación periodística de ÚH sobre funcionarios judiciales afiliados a la ANR que habían votado en las internas de dicho partido en junio de 2021. Aquel fue un hecho que violó el Código de Organización Judicial que prohíbe a los magistrados y funcionarios de la Administración de Justicia, cualquiera sea su jerarquía, participar en actividades políticas. La Oficina de Ética del Poder Judicial anunció que indagaría el caso, pero la Fiscalía General, pese a que la Constitución Nacional le asigna el rol de representar a la sociedad y velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales, guardó un escandaloso silencio.

Paraguay debe avanzar en la defensa de su institucionalidad. Los expedientes cajoneados y las chicanas garantizan a diario total impunidad a los amigos mientras dejan desamparada a la ciudadanía. Nos urge una Justicia independiente y soberana, pues una Justicia que solo está al servicio de ciertos intereses económicos y políticos equivale a una democracia vacilante e incompleta.

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