Ambos proyectos buscan garantizar y proteger la tarea de los periodistas y trabajadores de prensa en general y de los defensores de derechos humanos.
El que está siendo configurado por la Mesa de Seguridad propone que las autoridades públicas tomen todas las medidas necesarias para facilitar y proteger el ejercicio del periodismo y de las tareas de los defensores de los derechos humanos, obligándolas a garantizar protección contra interferencia o intrusión arbitraria ilegal, entre ellas, cualquier forma de vigilancia, grabación, búsqueda o decomiso que se relacione con la actividad legítima ejercida.
Además de la obligación de realizar una investigación pronta, exhaustiva, efectiva, independiente e imparcial frente a asesinatos, desapariciones, tortura, detenciones arbitrarias, amenazas o cualquier acto que viole los derechos de los trabajadores de prensa y los defensores de DDHH.
También la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir actos de violencia, intimidación, acoso, represalias o amenazas.
Según un informe del Sindicato de Periodistas del Paraguay, del 2018, sobre ataques a la libertad de prensa, 14 de 51 periodistas agredidos eran mujeres.
Encabezan la lista la agresión física, con 31,58% de los reportes, sumando quince víctimas, entre cronistas de calle y reporteros gráficos. Le siguen con el 15,79% cada uno el hostigamiento, que incluye el ciberacoso, y la amenaza.
Por otro lado, seis comunicadores sufrieron amenazas debido a su trabajo y otros seis fueron hostigados, principalmente a través de las redes sociales.
Según Santiago Ortiz, secretario general del SPP, el país registra 19 casos de periodistas asesinados y hasta ahora solo se lograron 3 condenas a los responsables.
Respaldo de ordenamiento jurídico concreto y fin de la impunidad
El proyecto de ley de “Protección a Periodistas, Comunicadores y Defensores de los Derechos Humanos”, presentado en octubre de 2021 por las mencionadas diputadas, propone establecer las bases de cooperación y coordinación entre los poderes del Estado. Además de organismos públicos internacionales, instituciones públicas, personas privadas y sociedad civil para garantizar la vida, la integridad, la libertad, la seguridad y estabilidad laboral “de todas aquellas personas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio del periodismo o la defensa de los derechos humanos”. El proyecto cuenta con dictamen favorable de la Comisión de DDHH. Existen zonas del país, como las fronteras, donde el trabajo de los comunicadores se desarrolla bajo constantes amenazas de los poderes fácticos. Entre ellos, el que ejercen el narcotráfico y ciertos políticos.
Al igual que el otro proyecto, esta propuesta plantea la creación de un mecanismo de protección como órgano de aplicación de la ley.
