Siete personas, entre particulares e inmobiliarias, recurrieron la sentencia definitiva número 273, firmada por el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Cuarto Turno, Juan Pereira, que aprueba la mensura judicial de la ex finca 66 y 13.741 (hoy fincas 29.294 y 29.295), solicitada por la Municipalidad de Ciudad del Este. La sentencia de primera instancia que tardó más de tres años en salir y que recorrió varios juzgados, finalmente, salió, pero no está firme debido a la apelación.
Esta situación mantiene en zozobra a las más de 20 mil familias que viven en la ex finca 66, que temen amanecer, uno de estos días, con una orden de desalojo en la puerta de su casa, como ha ocurrido a lo largo de estos 20 años.
Se trata de un problema complejo, donde hay millonarios intereses de por medio, que se arrastra desde que en 1990, el Congreso expropió la famosa finca madre a favor de la Comuna.
Por esta expropiación, el Estado paraguayo pagó G. 44.000 millones a los herederos de la firma Bananera Paraguaya SA, supuesta acreedora de los títulos de la finca en cuestión. WF
